Minera del Guadarrama, sancionada por graves delitos ecológicos

La Consejería de Medio Ambiente ha abierto un expediente sancionador a la empresa Minera del Guadarrama por la explotación de áridos Mina Maribel, situada en el kilómetro 8,500 de la carretera M-505, por graves delitos ecológicos. Según la información facilitada por la Dirección General de Promoción y Disciplina Ambiental, esta empresa incumple varios apartados de la Ley 5/2003 de la Comunidad, ley de residuos, por lo que la sanción que podría recibir es de entre 301.001 y 3.000.000 euros. Los inspectores comprobaron que Mineras del Guadarrama realiza vertidos sin autorización.

En el expediente sancionador, fechado el pasado 24 de julio, Medio Ambiente ha comprobado que la empresa Minera del Guadarrama "ha rellenado la zona con tierras, entre las que se pueden observar infinidad de otros residuos como bidones, latas de pintura, tubos de silicona, plásticos, maderas, neumáticos y residuos procedentes de obras". "Estos residuos", según figura en el documento, "se encuentran esparcidos por un talud que se va formando, en cuyo fondo se observa una laguna sobre la que flotan algunos de ellos". Durante la inspección, además se observó el tránsito de camiones que realizaban vertidos. Toda esta actividad se desarrolla en el ámbito del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y su entorno. Los hechos pueden ser constitutivos de infracción "muy grave" y sancionados con multas desde 301.000 euros a 3.000.000 de euros. Medio Ambiente además puede proceder a la inhabilitación de esta empresa.

Bidones de aceite usado

Los inspectores también comprobaron en su visita a la Mina Maribel que había bajo techado bidones y garrafas de aceite usado "sin ningún tipo de cubeto de retención". Estos hechos son considerados como "graves" por la Ley de Residuos y sancionados con multas de entre 6.020 euros hasta 301.000 euros.

Medio Ambiente señala en el informe que el administrador único, Antonio Sánchez Lozano, se opuso a la labor de los inspectores, lo que supone una nueva infracción. Por último, la Dirección General de Promoción y Disciplina Ambiental ha comprobado que esta explotación no está inscrita en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos.

La Sociedad Minera del Guadarrama, SA, explota un yacimiento de derivados de estaño situado en pleno parque regional del Curso Medio del Guadarrama, en el término municipal de Galapagar. El Ayuntamiento de esta localidad lleva años intentando que se cierre la explotación, debido al deterioro medioambiental que produce en un entorno tan sensible. El municipio ha denunciado en múltiples ocasiones la existencia de vertidos incontrolados al río Guadarrama, extracción de áridos no autorizados, tala de árboles fuera del perímetro autorizado, captación de agua del río sin autorización, entre otras irregularidades.

La mina, llamada Maribel, se abrió en el año 1988, cuando la Dirección General de Minas concedió a Antonio Sánchez Lozano la autorización para explotar el yacimiento durante 30 años. El contrato permitía la venta de la tierra como subproducto, pero en la actualidad es la principal actividad de la empresa. Desde el primer momento el Instituto Tecnológico Geominero de España emitió un informe desfavorable en cuanto al plan de restauración. En él se especificaba que el proyecto únicamente sería viable si los estériles sobrantes -tierra que acompaña al mineral- se utilizaban para restaurar la zona. Desde el Instituto se perseguía evitar el deterioro medioambiental.

En junio de 2001 el Ayuntamiento de Galapagar dio a conocer dos informes de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y de la Confederación Hidrográfica del Tajo, en los que salían a la luz múltiples deficiencias en el yacimiento. La mina carecía de autorización para el vertido de aguas residuales al cauce público, había construido balsas de decantación y captaba aguas del arroyo del Pontón y del río Guadarrama sin tener autorización para ello. La Minera tiene en la actualidad abierto un procedimiento penal en el Juzgado de Instrucción número 3 de Collado Villalba, a instancias de la corporación municipal, por un incendio que presuntamente provocó la empresa en junio de 2001 poniendo en peligro el arbolado circundante.