Dragados se queda sin la explotación de su principal autopista en Argentina

El Gobierno argentino resolvió ayer no prorrogar los contratos de 12 concesiones de autopistas que habían sido otorgadas a princios de los noventa. Esta decisión supone un duro golpe para la firma española Dragados, que se queda sin la concesión de su principal autopista en Argentina (la que une Buenos Aires y Bahía Blanca, de 660 kilómetros) y de la que va desde la capital a Bolívar, de 300. Además, otras cuatro autopistas en las que participó la empresa española también se quedan sin la prórroga. Dragados encuentra serios inconvenientes para presentarse a una nueva licitación.

Los "nuevos aires" que Kirchner pretende traer a la Administración de su país tienen, desde ayer, un primer efecto en materia empresarial: el presidente argentino desoyó las peticiones de prórroga de sus contratos que las empresas concesionarias habían hecho y resolvió, por decreto, volver a licitar las 12 autopistas que constituyen la red troncal de Argentina. Esta medida afecta en particular a la española Dragados, que posee dos tramos de casi 1.000 kilómetros en total de los involucrados y que había solicitado una prórroga de dos años de su contrato de concesión para acabar las obras que había iniciado y completar la amortización de las inversiones ejecutadas en la red.

Con esta decisión, Kirchner, que según sus allegados está dispuesto "a terminar con la fiesta de las obras y las concesiones" que se llevó a cabo durante la década pasada bajo el Gobierno del ex presidente Carlos Menem, ha dado un primer paso concreto dentro de su iniciativa de transformar Argentina en "un país de reglas claras y cristalinas".

30 años en el país

Dragados, en proceso de fusión con ACS, está presente en Argentina desde hace 30 años. A través de su filial Dycasa, que a su vez controla Semacar, es titular de los corredores viales 1 y 2. El primero, de 660 kilómetros, une Buenos Aires y Bahía Blanca, el puerto de aguas profundas más importante del país, que concentra el tránsito a gran escala de cereales y ganadería. El segundo, de 300 kilómetros, va desde la capital a Bolívar, en la provincia de Buenos Aires. Dragados también explota uno de los accesos a la capital (Autopistas del Sol), que no está incluido en el decreto.

Semacar, que lleva invertidos más de 141 millones de euros desde 1990, pretendía una prórroga de su contrato de al menos dos años. Inicialmente, la empresa española participó en el grupo que explota otras cuatro autopistas afectadas a través de Dragados y Obras Portuarias. Fuentes de la empresa han recordado que abandonó su presencia en ella la pasada década. Dragados puede presentarse a la nueva licitación, aunque esas fuentes afirman que deberán sopesar mucho la rentabilidad para acudir al concurso.

La medida asesta una puñalada en el corazón de uno de los sectores que simbolizan el descontrol normativo ocurrido en los años noventa. Los "corredores viales" fueron licitados en 1990, bajo un sistema en el que las empresas tenían a su cargo la realización de obras de infraestructura y el mantenimiento de las carreteras y, como contraprestación, cobraban una determinada tarifa de peaje por kilómetro recorrido.

La idea original duró poco, ya que en 1991 se revisaron todos los contratos y, ante una petición unánime de las compañías, el Estado decidió otorgarles subvenciones para "mantener la ecuación financiera" del negocio. En menos de un año, las empresas, que ya cobraban peaje a los usuarios, comenzaron a recibir, cuantiosas ayudas del Estado en época de Menem. Precisamente, representantes de empresas españolas, entre las que figuraba Dragados, ofrecieron un coctel al ex presidente durante la pasada campaña electoral que no fue nada del agrado de su rival Kirchner.

Con la licitación dispuesta ayer, el Gobierno pretende que las 12 concesiones viales se reduzcan a sólo seis corredores de autovías. El decreto del Ejecutivo también prevé que las compañías que se hagan cargo de las carreteras se ocupen solamente del mantenimiento de las mismas, por lo que las obras de infraestructura quedarán a cargo del Estado. Según lo admitió un asesor de Kirchner, esto implica "cortar de raíz" el principal negocio de la compañías: las cuantiosas obras que éstas llevan a cabo en las carreteras.

Otro aspecto que levantará polémica consiste en una cláusula que no figura en el decreto, pero que, aseguran técnicos argentinos, se recogerá en los pliegos de licitación: las empresas que mantengan litigios con el Estado argentino no podrán competir en el concurso, lo que haría imposible que las que actualmente tienen esas concesiones se presenten, ya que la mayoría ha iniciado juicios al Estado en los que reclaman aumentos en las tarifas de peaje.