El Gobierno central reduce del 33% al 18% su aportación al transporte público

Los Gobiernos central y autónomo firmaron ayer el convenio de infraestructuras 2003-2005. El documento establece que la inversión en transporte público en el área metropolitana de Barcelona será en este periodo de 663 millones de euros. La aportación del Gobierno central será de 120 millones de euros y el resto lo pondrá el Ejecutivo catalán. Este convenio rompe la norma seguida hasta ahora, según la cual la Administración central asumía el 33% de la inversión y quedaban los otros dos tercios para la Administración autonómica. La división es ahora mucho más descompensada: 18% para el Ejecutivo que preside José María Aznar y 82% para el Gobierno catalán.

Los consejeros de Economía, Francesc Homs, y Política Territorial, Felip Puig, se deshicieron ayer en elogios hacia el nuevo convenio. Casi fue más comedido el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que no tuvo empacho alguno en reconocer que en Cataluña hay déficit de infraestructuras. No obstante, los tres llevaban ayer la misma consigna: elogiar el convenio y comparar sus cifras absolutas con las de la época en la que gobernaban los socialistas para afirmar que se ha mejorado mucho

ya que se ha pasado, dijo Puig, "del 33% de la miseria al 18% de una cifra importante".

Las aportaciones del Gobierno central se repartirán en tres años, con cifras diferentes en cada caso, aunque la media será de 40 millones de euros anuales.

Inadmisible

El Ayuntamiento de Barcelona emitió ayer un comunicado en el que el primer teniente de alcalde, Xavier Casas, califica de "inadmisible" la reducción de las aportaciones gubernamentales al transporte público de Barcelona y su conurbación. Asimismo, el diputado Manel Nadal (PSC) criticó la decisión y aseguró que el convenio llega "tarde y es malo". Tarde, dijo, porque el último convenio cubría el periodo 1998-2001, de modo que hace ya casi dos años que Barcelona funciona sin convenio; malo, añadió, porque supone que el Gobierno catalán tiene que pagar todo lo que deja de pagar el Gobierno central. Nadal añadió que el Gobierno catalán cede una vez más ante las exigencias del Partido Popular.

El más duro fue el portavoz de ICV en el Parlament, Joan Boada, según el cual la firma del convenio tiene una explicación clara: "La falta de liquidez de tesorería del Gobierno catalán es tan grande que aceptan cualquier limosna, incluso a la baja, para no tener que cerrar las ventanillas y poder seguir haciendo pagos". El Gobierno central, por su parte, sostiene que aporta el 33% de las obras que le ha presentado la Administración catalana. En efecto, el Gobierno catalán ha dejado fuera del convenio los tranvías y las líneas 5 y 9 del metro, y no recibirá dinero para ellos.