Los inspectores de Trabajo critican al ministerio en el 'caso Ardystil'

Los inspectores de Trabajo han encajado con indignación la sentencia por el síndrome Ardystil, una enfermedad pulmonar por inhalación de productos químicos que en 1992 causó la muerte de seis trabajadores en ocho fábricas textiles. En la sentencia, hecha pública el pasado 30 de junio, la Audiencia de Alicante condenó a la dueña de la firma Ardystil a seis años de cárcel e impuso multas a otros seis empresarios. El tribunal, en una decisión sin precedentes, también puso una condena de seis meses a un inspector de Trabajo, Alfredo Ortolá, y declaró responsable civil subsidiaria a la Generalitat Valencia para afrontar los más de cuatro millones de euros con que los inculpados deben indemnizar a un centenar de afectados.

Las dos asociaciones (profesional y progresista) que representan a la inmensa mayoría de los 780 inspectores negociaron hace dos semanas, tras una asamblea en Madrid, la redacción de un documento conjunto en el que lamentan la falta de respaldo del Ministerio de Trabajo a su compañero y critican la sentencia. Ortolá defendió en el juicio que en su visita a Ardystil, dos años antes de que se manifestara la enfermedad, la empresa estaba inactiva y que nunca hubo denuncias de seguridad e higiene. El tribunal desechó esos argumentos y le condenó por inhibición. Las dos asociaciones creen que la sentencia se fundamenta en "un inaceptable traspaso de responsabilidad del deber de seguridad del empresario a la Administración Pública, y de ahí a un funcionario concreto".

"Chivo expiatorio"

En el escrito, remitido al Ministerio de Trabajo y a la Generalitat, los inspectores acusan al tribunal de "forzar las normas jurídicas" para asegurar, a partir de la condena penal a un funcionario, que la administración afronte las indemnizaciones. "Rechazamos que el funcionario público se convierta en chivo expiatorio, cuya condena se instrumentaliza como condición necesaria para la reparación de los afectados, a la que ya se sabe de antemano que no van a hacer frente los responsables reales y legales de sus salud y seguridad: empresarios, fabricantes o distribuidores de productos con riesgo", dice el comunicado.

Las dos asociaciones, que acordaron remitir el escrito al Consejo General del Poder Judicial, estudian "interponer demanda contra el tribunal". Y lamentan el nulo respaldo del Ministerio al inspector condenado, cuyo patrimonio está embargado por la sentencia. De ahí que exijan al Ministerio y a la Generalitat que "su apoyo en todos los órdenes a Alfredo Ortolá", que ha recurrido la sentencia ante el Supremo. También reclaman a Trabajo "la toma inmediata de medidas en orden a asegurar la efectiva defensa jurídica de los inspectores y la necesaria cobertura de responsabilidad civil, en estos momentos del todo insuficiente".