El PSOE propone un pacto que reabra la investigación y el PP insiste en sus vetos

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Rafael Simancas, propuso ayer un "acuerdo de mínimos" para lograr que la comisión de investigación se ponga en marcha. Los socialistas, así como IU y el número uno de la lista de comparecientes -el desertor Eduardo Tamayo- votaron en contra de un plan de trabajo impuesto por el PP. En esta hoja de ruta para la comisión, los populares vetaron más de la mitad de las solicitudes de comparecencias pedidas por PSOE e IU, e impidieron que se solicitara un solo documento externo a la Asamblea de Madrid.

Simancas propuso ayer que se añada a la lista de 26 nombres los de Paloma García Romero, concejal del Ayuntamiento de Madrid; el ex director general de Madrid Excelente, Fernando Bastarreche; los alcaldes de Navalcarnero y de Villaviciosa de Odón, Baltasar Santos y Nieves García respectivamente; los ex regidores de Sevilla La Nueva Ángel Batanero y Juan Antonio Teresa; el director general de Suelo, José María Erenas, y el gerente de Arpegio, Francisco Labayen.

El PSOE justificó esta petición argumentando que "el plan de trabajo que el PP impuso se realizó aprovechándose de una mayoría ilegítima" dentro de la comisión.Simancas recordó que el voto del tránsfuga Tamayo "no era imprescindible ni necesario para el PSOE" en su pretensión de que no hubiera "salido adelante esa farsa". "Un empate habría sido suficiente", recalcó el portavoz socialista, y se aferró a esta situación de empate -dejando de lado al tránsfuga en la Diputación Permanente, el número de miembros del PP es igual a la suma de los de PSOE e IU- para calificar como de "imprescindible" el consenso para sacar adelante una comisión de investigación. El PSOE también quiere que se incluya dentro de ese acuerdo que la comisión solicite la documentación relativa a las actividades urbanísticas de los municipios de Sevilla La Nueva, Navalcarnero y Villaviciosa de Odón; las declaraciones fiscales de las empresas de Eduardo Tamayo, de José Luis Balbás y de los constructores Francisco Bravo y Francisco Vázquez; las acreditaciones de bienes e intereses de los cargos públicos llamados a declarar, y las declaraciones ante la Agencia Tributaria de los principales comparecientes. "Si el PP no responde positivamente a estas peticiones, habrá que entender que queda clara la intención última de los populares: que no se esclarezca la verdad" sobre lo ocurrido, concluyó Simancas.

No había pasado media hora desde que el portavoz socialista lanzó ese mensaje de consenso cuando el portavoz del PP en la comisión de investigación, Antonio Beteta, manifestó la intención de su grupo de no aceptar la comparecencia de ninguna persona "sin que se justifiquen las razones y se demuestre su relación" con la fuga de Tamayo y Sáez. En cuanto a la documentación solicitada por el PSOE, manifestó que lo que el PSOE quiere forzar es "un striptease económico" de las empresas de las que los socialistas solicitaron información, muchas de las cuales están relacionadas con José Luis Balbás. El PP hizo un llamamiento a "la racionalidad". "No se pueden abrir causas generales por cotilleos", concluyó Beteta.