El Tribunal Superior obliga a aplicar la ley de consejos comarcales aprobada por el Parlament

El Gobierno de CiU tuvo ayer lo que se llama un mal día. Y no se lo dio la oposición, sino el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a través de dos sentencias. En una, la máxima instancia judicial catalana da la razón a la oposición y al PP y reconoce que el Ejecutivo de Jordi Pujol debería haber aplicado la ley que reforma el sistema de elección de los consejos comarcales, aprobada el pasado abril. En la segunda, el TSJC anula el reparto de ayudas decidido desde el Gobierno para estas entidades. Como colofón, la izquierda y el PP piden la dimisión del consejero de Gobernación, Josep Maria Pelegrí.

Los consejos comarcales, que dieron alas a CiU para erigirse en paladín de la Cataluña pequeña y profunda, ya no serán lo que eran. El TSJC ha dado la razón a la oposición de izquierdas y al PP en el contencioso que los pasados meses de marzo y abril hizo subir la temperatura política catalana. Los consejos comarcales serán por sentencia más proporcionales, como querían y aprobaron por ley el PSC, el PP, ERC e ICV. De nada han valido las tácticas ideadas desde la cúpula de la federación nacionalista, consistentes en posponer el máximo posible la aplicación de la ley. El objetivo de CiU era no perder poder en estos organismos, creados por una Ley de Ordenación Territorial aprobada en 1987, cuando la federación contaba con mayoría absoluta en el Parlament.

La sentencia obliga al Gobierno de CiU a retrasar la constitución de los consejos, pues ahora debe reanudarse el proceso y esperar a que las juntas electorales provinciales proclamen los candidatos. El consejero Josep Maria Pelegrí afirmó ayer que las nuevas instancias se constituirán, ya de acuerdo con la ley, antes de fin de mes y no este sábado como estaba previsto. CiU perderá, en el nuevo marco legal y respecto a 1999, la mayoría absoluta en 12 consejos comarcales: Alt Urgell, Alt Empordà, Baix Empordà, Conca de Barberà, Baix Camp, Tarragonès, Gironès, Osona, Ripollès, Pla de l'Estany, Alt Camp y Anoia. Este retroceso comporta la pérdida de 68 consejeros para CiU. El resto de partidos [véase cuadro] salen beneficiados por el nuevo reparto, pues todos ellos incrementan sustancialmente su representación comarcal.

Nada más conocerse la sentencia, la oposición de izquierdas y el PP -crecidos por la resolución judicial y críticos con lo que han considerado argucias dilatorias de CiU- reclamaron la dimisión del consejero de Gobernación, el democristiano Josep Maria Pelegrí. Los portavoces de las formaciones políticas no ahorraron calificativos en su contra. El socialista Miquel Iceta acusó al consejero de "pisotear" y "desobedecer" al Parlament. Alberto Fernández Díaz, del PP, manifestó: "El pluralismo se ha impuesto por encima del sectarismo político con el que CiU y el Gobierno han actuado". El republicano Jaume Oliveras se felicitó por la sentencia tras los "filibusterismos parlamentarios de CiU para retrasar la voluntad del Palament". Joan Boada, de Iniciativa, achacó las culpas directamente al conseller en

cap, Artur Mas.Por su parte, Pere Macias, secretario general adjunto de CiU, dijo que la federación nacionalista no descarta recurrir contra la sentencia antre el Tribunal Constitucional.

CiU va a tener más trabajo en lo que a recursos se refiere, pues el TSJC ha anulado el decreto de la Generalitat de 1998 de reparto de fondos de ayuda a los consejos comarcales, por un importe global de más de 3.745 millones de pesetas, por considerar que es arbitrario y nada proporcional. El TSJC ha estimado un recurso presentado por la Federación de Municipios de Cataluña, de la que forman parte los ayuntamientos de izquierda, contra el Departamento de Gobernación.