El tribunal afirma que la nueva ley es mucho más proporcional

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) emitió ayer cuatro sentencias por la cuales ordena al Gobierno catalán constituir los consejos comarcales aplicando la nueva ley aprobada en el Parlament a finales de abril con el voto en contra de Convergència i Unió (CiU). Las resoluciones suponen un duro varapalo para el Ejecutivo de Jordi Pujol, la Junta Electoral Central y la federación nacionalista, que habían defendido insistentemente la vigencia de la antigua ley de 1987, menos proporcional y mucho más beneficiosa para los intereses de CiU. El Departamento de Gobernación ordenó paralizar la constitución de estos organismos, que debía realizarse mañana.

Las sentencias, dictadas por unanimidad por los cinco magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo, rebaten -en ocasiones con contundentes adjetivos- las tesis políticas y jurídicas mantenidas por el Gobierno y la Junta Electoral Central, y dan la razón a los recursos presentados por los partidos de izquierda (PSC, Esquerra e Iniciativa) y el Partido Popular.

El TSJC no podía ser más categórico en su resolución. Así, la sentencia califica de "absurdo" que la Junta Electoral Central admitiera la "indefensión jurídica" planteada por el Gobierno catalán y ordenara la vigencia de la ley de 1987. Y le reprocha que adoptara su resolución "sin ni siquiera oír a los demás partidos políticos". La sentencia extiende, además, sus críticas al Ejecutivo de CiU al recordar que las resoluciones de la junta no son "vinculantes ni a nivel administrativo ni mucho menos jurisdiccional", por lo que no podía ampararse en su dictamen para asignar la composición de los consejos comarcales según la antigua ley.

Críticas al Gobierno

Los mayores reproches, no obstante, se los llevan el Gobierno catalán y el partido que le sustenta, CiU. El tribunal defiende la mayor "proporcionalidad" de la nueva ley -que prima el número de votos obtenido por cada formación por encima del número de concejales- y rechaza el argumento de CiU de que resta representatividad a los pequeños municipios porque los consejeros comarcales son designados por cada partido.

Respecto al argumento de la federación nacionalista de que la ley se aprobó una vez convocadas las elecciones municipales, el tribunal manifiesta que ello no supone "indefensión jurídica" pues los consejos comarcales no son de designación directa (a través de las urnas) y que, además, aún no había empezado la campaña electoral, por lo que los partidos hubieran podido "adaptar sus estrategias electorales al nuevo panorama". Y agrega que la proposición de ley se presentó en el Parlament en diciembre de 2002. CiU retardó su aprobación con diversas tretas legales.

El tribunal entiende que la ley de abril se aprobó en el Parlament para que se aplicara tras las elecciones del 25-M y afirma, contrariamente a lo que sostiene CiU, que el término "subsiguiente" que aparece en el texto legal no se refiere a los comicios de 2007, sino al proceso de constitución de los consejos.