La ley del vino se aprueba con el rechazo del sector y de la oposición

El Partido Popular ha sacado adelante en el Parlamento la Ley de la Viña y el Vino tras un proceso de negociaciones con el sector que ha durado más de dos años. Durante este periodo se han manejado media docena de anteproyectos y se han presentado innumerables enmiendas en el Congreso y en el Senado. A pesar de ello, el texto aprobado es rechazado en medios de la producción y la industria así como en varias comunidades autónomas y la oposición.

Para el portavoz socialista de agricultura, Jesús Cuadrado, se trata de una ley concebida para no aplicarse. En su opinión, el ministro Miguel Arias Cañete ha traicionado al sector al prometer en su día que sacaría al vino de las exigencias contempladas en la llamada ley del botellón para su consumo, cosa que no se ha hecho. Para el sector, en este momento, lo fundamental es articular vías para dar salida a los 10 millones de hectolitros de vino que sobran anualmente en España.

Esta nueva disposición tiene de positivo la consideración del vino como un alimento de la dieta mediterránea. Los populares han suprimido la palabra "fundamental". En la misma se contemplan las reglas de juego en materia de riegos, nuevas plantaciones, derechos, aumento artificial de la graduación, la prohibición de la mezcla de vinos tintos con blancos. tipos de denominaciones, exigencias para el envejecimiento de los caldos, infracciones o sanciones. Entre las cuestiones más polémicas, no ha resuelto tres puntos: la ley del botellón, los Consejos Reguladores y las competencias autonómicas.

El sector ha reclamado sin éxito que el Gobierno regulara todo lo referido al consumo del vino en esta ley y que sacara toda referencia de este producto en la llamada ley del botellón. El ministro Miguel Arias Cañete señaló en su día ese compromiso frente a otros departamentos, algo que no se ha conseguido hasta la fecha.

Un segundo punto polémico es el que contempla la nueva normativa sobre los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen. El Gobierno ha separado las competencias de gestión de las de control y estas segundas se ponen en manos de certificadores privados. En el sector se teme que esos controles sean dominados por las bodegas.

La nueva Ley del Vino se ha aprobado, además, cuando ya están en vigor normas en la misma dirección en comunidades autónomas como Cataluña o Castilla- La Mancha, existiendo disposiciones encontradas entre ambas legislaciones.