Mafias de extorsionadores sabotean obras para quedarse con su vigilancia

Mafias de extorsionadores se han hecho con el control de la seguridad de muchas de las obras que en estos momentos se realizan en la Comunidad de Madrid. Constructores, jefes de obra y aparejadores denuncian que esta situación es cada vez más habitual. Por 1.200 euros al mes, integrantes de estas "mafias" garantizan a las constructoras que no van a sufrir ningún robo, después de haberlas saboteado. El Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil conocen esta circunstancia, pero admiten que, aunque los extorsionados les "alertan" de lo que sucede, no se atreven a denunciarlo.

Este periódico ha recorrido durante los últimos días varios de los nuevos barrios en construcción y ha comprobado cómo se efectúa este tipo de vigilancia. El método que se sigue es sencillo. Una o varias personas ofrecen sus servicios de vigilancia nocturna al encargado de una obra de las muchas que se realizan en estos momentos en la región. Si su sugerencia no es atendida, la obra suele sufrir días después un acto de sabotaje. Como por casualidad, horas después del asalto, la misma persona que se ofreció a hacerse cargo de la protección de la zona vuelve a ofrecer sus servicios. A partir de ese momento, y una vez quedan establecidas las condiciones de custodia, la obra queda blindada de sufrir cualquier otro incidente similar.

Ángel M. S. lleva un año como jefe de obra en una construcción en Carabanchel Bajo. Cuenta que poco después de comenzar las labores de excavación recibió la visita de dos personas de etnia gitana que le ofrecieron sus servicios como vigilantes. "Les dije que no estábamos interesados en la vigilancia, porque la obra es pequeña y ya tiene vallas, pero al día siguiente las lunas de las excavadoras aparecieron rotas. Los propietarios de las máquinas comenzaron a pagarles por la seguridad. Pero se cansaron de pagar. Esa misma noche desaparecieron 5.000 kilos de hierro, así que hubo que volver a contratarles", relata Ángel. "Al principio vigilaba un hombre con su perro, pero ahora es su mujer quien hace las labores. Muchas veces ni siquiera está en la calle, porque vive enfrente y la obra se ve desde su casa". Sin embargo, la empresa constructora aseguró desconocer la versión de los hechos que facilitó su jefe de obra.Otro jefe de obra, que por seguridad no quiere dar su identidad, recuerda la experiencia vivida en una edificación en Fuencarral el año pasado: "Contratamos a un gitano que no vivía por la zona para que se encargara de la vigilancia. Pero una noche alguien roció su caseta con gasolina y leprendió fuego. Al final hubo que recurrir a contratar a gitanos de la zona".

Los jefes de obras han explicado que son ellos en la mayor parte de los casos los encargados de negociar con los extorsionadores, con el consentimiento tácito de las empresas constructoras. Así lo corroboran también fuentes del Cuerpo Nacional de Policía.

Un aparejador que desarrolla su trabajo en una obra de la colonia Fin de Semana, cerca de Barajas, asegura haber sido objeto de este mismo chantaje. "Habíamos sufrido robos. Un día nos vino un gitano y sugirió que los robos acabarían si le contratábamos como vigilante. Nos pidió 1.200 euros. Al final, regateando llegamos a un acuerdo y le pasamos 800 euros cada mes. No sé si son casualidades de la vida, pero no ha vuelto a haber problemas en la obra".

Nuevos barrios

El fenómeno inmobiliario que vive el norte de la región hace que sea en los municipios de esta zona y en los nuevos barrios de Sanchinarro, Las Tablas y Montecarmelo donde la actividad de los extorsionadores se siente con más virulencia. El pasado miércoles por la noche EL PAÍS visitó algunas de estas zonas. En el desarrollo de Sanchinarro -el mayor de los nuevos barrios de Madrid, con 10.801 viviendas en construcción-, más del 50% de las obras están controladas por personas de etnia gitana, que en algunos casos han conseguido el puesto a través de sabotajes, según fuentes policiales.

En otras ciudades españolas, como Barcelona, se dan también estas extorsiones. En Barcelona incluso aparece en ocasiones la bandera gitana -dos franjas, una verde y otra azul, y una rueda de carro en el centro- para advertir de su control en la obra. En Madrid esta simbología no está presente en las construcciones ni la organización de las mafias está tan desarrollada como en la capital catalana, donde incluso llega a haber empresas pantalla que camuflan estos procedimientos ilegales.

Las últimas denuncias han sido en Pozuelo de Alarcón. El Cuerpo Nacional de Policía inició el pasado año una investigación en ese municipio, después de que una decena de empresarios saliese de la ley del silencio autoimpuesta y testificasen que sufrían extorsiones. Los hechos nunca pudieron ser probados.

Pilar Heredia, gitana y número 78 en la lista electoral del socialista Rafael Simancas en los pasados comicios a la Asamblea de Madrid, no cree que los responsables de estos chantajes sean de su etnia. Heredia afirma que no existen estas mafias y acusa a los constructores de dirigirse a los gitanos para que les hagan la vigilancia. "Los delitos los cometen las empresas", asegura, "porque pagan a los gitanos en dinero negro para que les hagan este trabajo y no les dan de alta en la Seguridad Social".