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Francia elevará a derecho fundamental la defensa del medio ambiente limpio

La reforma de Chirac supone un cambio de los principios constitucionales

El Gobierno francés presentará un proyecto de ley que obliga a una importante modificación constitucional. Se trata de un texto que establece, entre otras cosas, que el derecho a un medio ambiente sano es tan importante como los derechos humanos o los grandes principios económicos y sociales de la República y que, por consiguiente, ese derecho debe figurar en el preámbulo de la vigente Constitución de 1958.

A tenor del calendario legislativo, se espera que el texto se debata en la Asamblea Nacional a partir de noviembre del 2003. Algunas asociaciones empresariales ya han manifestado su descontento ante la iniciativa pues temen que "la inclusión en la Carta Magna del principio de precaución sea un freno para el progreso". Francia, que produce y utiliza energía nuclear -un 80% de la consumida en el país- al tiempo que es partidaria de prolongar la moratoria para la autorización en Europa de cultivos de simientes genéticamente modificadas, se verá obligada a desarrollar su marco legal para hacer posible la coexistencia de esa industria nuclear con su defensa de la "diversidad biológica" o de su crítica de "una explotación excesiva de los recursos naturales". El texto estima que ésta es, sin duda, "una de las últimas generaciones que puede evitar daños irreparables". El principal problema de la aplicación del "principio de precaución" radica en la necesidad de demostrar que, de no aplicarse, el medio ambiente o las personas pueden sufrir los citados daños irreversibles.

La iniciativa de esta modificación constitucional es obra del presidente Jacques Chirac, quien ha visto en las cuestiones del medio ambiente un tema que podía arrebatar a la izquierda y que responde a inquietudes ampliamente extendidas tras las crisis de las vacas locas, las trasfusiones con sangre contaminada con el virus del sida o las distintas mareas negras.

Algunas ideas desarrolladas en el texto legal ya habían sido presentadas por el anterior gobierno de izquierda, pero ahora aparecen redactadas de otra forma. Así, la idea de que quien contamina paga deja de ser expuesta en esos términos, que equivalían a autorizar la polución siempre que se pagara después. Ahora se presenta como la necesidad de "contribuir" a reparar los daños si no se han podido evitar.

La propuesta de Chirac llega cuando los tribunales absuelven a los encausados en el escándalo de la sangre contaminada y tras el encarcelamiento de José Bové por destruir cultivos transgénicos.

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