Una 'burbuja' amenazadora

El gobernador del Banco de España ha señalado con precisión los dos problemas más graves que pesan sobre la economía española, a modo de espada de Damocles, y amenazan con poner fin de forma traumática a la trayectoria de crecimiento económico: la "burbuja inmobiliaria", una intensa escalada de precios de la vivienda que preocupa a la autoridad monetaria debido a las gravísimas consecuencias que tendría para el sistema financiero y para las familias una caída brusca del mercado; y el modelo de crecimiento económico que se ha implantado en los últimos años en España, basado casi exclusivamente en el consumo y en la inversión en construcción, inmobiliaria y de obra civil.

El precio de la vivienda se ha disparado a límites exorbitantes bajo la presión especulativa del suelo, las maniobras fraudulentas de los políticos y los ayuntamientos para acrecentar sus ingresos o proporcionar financiación abundante a los partidos, la presión de una demanda ansiosa por adquirir unos metros cuadrados en propiedad, la renuncia de las administraciones a construir viviendas protegidas a costes moderados y la pérdida de rentabilidad de otros activos financieros. Todo ello se ha traducido en un aumento real del coste de la vivienda superior al 10% anual (descontada la inflación). Dicho en términos del gobernador del Banco de España, "podría haber sobrepasado los niveles coherentes". La vivienda se ha convertido en los últimos seis años en un bien inaccesible para quienes necesitan acceder a su primera propiedad inmobiliaria y en un objeto de especulación para colocar dinero negro o las inversiones que obtenían rentabilidades mínimas en Bolsa.

La burbuja del mercado inmobiliario, además, está contaminando gravemente las actividades públicas. Son conocidas las sospechas de una conspiración inmobiliaria tras la conducta de los diputados tránsfugas del PSOE en la Asamblea de Madrid. La querella fiscal contra el ex alcalde popular de Alcorcón Pablo Zúñiga, en la que aparecen implicados también algunos de los constructores mencionados en la operación de transfuguismo de Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, ilustra a la perfección las prácticas municipales que contribuyen descisivamente a encarecer el metro cuadro del suelo. La querella detalla "la concertación de intereses" entre la alcaldía y los constructores "de cara a un estrechamiento de la oferta, goteo o liberación lenta del suelo de Alcorcón que mantenga los precios del mismo y de la vivienda en el nivel más alto posible", mientras se confirma el hecho estremecedor de que "no se ha construido una sola vivienda social en Alcorcón en los últimos años".

Tan peligroso como el actual desbordamiento de los precios sería el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, es decir, una caída súbita de los mismos. Las familias se encontrarían atrapadas por un endeudamiento muy elevado -que ya representa el 64% del PIB- para pagar propiedades cuyo valor en el mercado habría descendido por debajo del precio pagado. Cualquier empeoramiento del mercado laboral plantearía dificultades añadidas y podría elevar la morosidad del sistema financiero. El pinchazo de la burbuja frenaría el crecimiento económico fundamentado de forma casi exclusiva en el boom inmobiliario.

Lejos del mundo feliz que dibujan los responsables económicos del Gobierno, el gobernador Caruana ha dibujado los ominosos desequilibrios que pesan sobre el crecimiento español, cuyo análisis se despacha apresuradamente desde el Ejecutivo con un "crecemos el doble de la media europea". La economía española tiene que resolver el problema de frenar los precios del mercado inmobiliario sin hundirlos y mejorar la competitividad de la producción, para que el crecimiento se asiente sobre la inversión y las exportaciones, en lugar de hacerlo, como ahora, en la especulación.