Cabeza de isleño

"Qué se lo piensen dos veces antes de venir a pescar a Portugal de esta manera [...] puede empezar a no compensarles". El comandante Henrique Gouveia e Melo, portavoz de la Armada portuguesa, resumía con estas declaraciones al semanario Expresso la estrategia del Ejecutivo luso para acabar con la pesca ilegal en sus costas por parte de embarcaciones españolas.

El patrón del pesquero de Isla Cristina El Ladrillo, Agustín García, está en prisión preventiva en la cárcel de Faro desde que su barco fuera abordado por una docena de fusileiros el 8 de mayo cuando faenaba en aguas portuguesas. La Armada lusa no oculta su satisfacción por el prolongado encierro -45 días- y ni siquiera le importa despertar sospechas sobre la imparcialidad e independencia de la instrucción de la fiscal Liliana Viegas al asegurar que el proceso ha de servir de ejemplo. La proporcionalidad de la Justicia queda orillada así por una decisión política.

Los padres de García piden ayuda urgente al Gobierno ante la degradación de su hijo

Los armadores isleños admiten los abusos pero se quejan de la violencia portuguesa

Precisamente en la política es donde los padres de García buscan ayuda ahora. La familia del pescador viajará mañana a Madrid para entrevistarse con la ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, y el viernes se reunió en Sevilla con el Delegado del Gobierno, Juan Ignacio Zoido. Los García suplican ayuda urgente al Gobierno ante lo que consideran una vulneración de los derechos de su hijo y, sobre todo, porque los psiquiatras dicen que éste está perdiendo la razón como consecuencia del encierro. La mayoría de los isleños quiere que ambos países se sienten a hablar sobre el conflicto de la pesca en la desembocadura del Guadiana de una vez por todas y antes de que pase algo aún más grave.

Nadie niega que El Ladrillo estuviera en aguas portuguesas cuando fue apresado. Tampoco que careciera de la correspondiente licencia, ni que sus artes para la pesca de chirlas -el discutido Rischio o chupona, que absorbe literalmente el fondo marino y lo filtra en busca de moluscos- estén prohibidas en ese país. Pero esto no son delitos, son meras faltas administrativas que se saldan con el pago de una fuerte multa y el desmantelamiento de las citadas artes. Como sucede decenas y decenas de veces cada año.

Lo que permite que el caso de García se haya convertido en ejemplar es que el patrón está acusado además de tres delitos: desobediencia, resistencia y coacción a funcionario y ofensa a la integridad física cualificada (atentado a la autoridad). La suma de las penas máximas previstas en la legislación portuguesa para estos delitos es de 10 años de prisión. Estas acusaciones son las que los parientes de García niegan y por las que los instructores han decidido dejarle encerrado sin fianza.

Un simple aperitivo en cualquiera de los bares cercanos a la lonja de Isla Cristina es suficientes para escuchar historias y fanfarronadas sobre las innumerables burlas y humillaciones a la Policía Marítima portuguesa que los furtivos del mar dicen que hacen día sí día también. Huidas rápidas aprovechándose de motores más potentes, guardinhas arrojados por la borda, lanchas neumáticas perforadas con arpones, etcétera.

La gran mayoría son ciertas, como también son auténticos el enfado y las ganas de venganza de los portugueses. El marisco es de mayor calidad en la zona portuguesa, menos sobreexplotada y con estrictas vedas. El valor de lo capturado puede ser hasta tres veces superior. Esto hace que muchos se arriesguen e, incluso, que haya algunos barcos especializados en burlar la vigilancia costera portuguesa. Cinco buques de Isla Cristina están en una lista negra de la Policía Marítima. Estos barcos y sus patrones han sido capturados decenas de veces y algunos patrones han ignorado los juicios y las sentencias por sus acciones. Todo esto parece que lo está pagando el patrón de El Ladrillo, que, no obstante, el día de su detención faenaba ilegalmente con otros doce barcos.

El tono ejemplarizante llega incluso a las faltas administrativas, ya que le han impuesto una multa de 42.799 euros (un tercio de la sanción máxima que podría recibir), pero el barco permanece retenido en Olhão, algo que la abogada de García, Cecilia Faria, experta en la defensa de pescadores y pesqueros apresados, dice que no se ha hecho nunca antes.

El problema de los límites de las aguas territoriales en la desembocadura del Guadiana no es nuevo. Los armadores de Isla Cristina admiten que algunos de los suyos se exceden, pero exigen que debata sobre la actual delimitación de las aguas, al tiempo que se quejan de la creciente violencia de los guardinhas. Aseguran que, el día del apresamiento de El Ladrillo, un perro a bordo de otro pesquero murió tiroteado. Los pescadores dicen que ya ha habido dos hombres muertos por balas portuguesas.

Un problema viejo y ahora peligroso cuya solución sólo puede llegar por la negociación al más alto nivel. Sin rehenes.