El fiscal denuncia una trama especulativa entre cargos del PP y el constructor Bravo

La Fiscalía de Madrid ha interpuesto una querella por siete delitos -entre ellos, los de corrupción y asociación ilícita para defraudar a los consumidores- contra el ex alcalde de Alcorcón, Pablo Zúñiga, del PP (perdió la alcaldía en los pasados comicios), y contra otras siete personas vinculadas al sector inmobiliario. Entre éstas destacan Francisco Bravo Vázquez y Francisco Vázquez Igual, propietarios de la inmobiliaria Euroholding. Bravo Vázquez es el promotor que reservó una habitación en un hotel de Madrid para los diputados que traicionaron al PSOE, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez.

El alcalde "facilitaba información privilegiada" a los miembros de la trama

La querella revela una supuesta trama de corrupción inmobiliaria cuyo núcleo es Alcorcón pero con ramificaciones en otros municipios. La trama urdida en Alcorcón para defraudar a los consumidores funcionaba así, según fuentes de la investigación: "Unos ponían el dinero, otros hacían los favores políticos y los otros, los técnicos, daban apariencia de legalidad a las ilícitas acciones".

Con las bendiciones y connivencia del ex alcalde popular Zúñiga, los implicados proyectaron levantar más de 40.000 viviendas en dos gigantescos parajes de Alcorcón (los llamados Ensanches Norte y Sur). El Ensanche Norte tenía una dificultad: el suelo estaba clasificado como no urbanizable. Aunque el ex alcalde, con su mayoría en el pleno, dio luz verde al vasto proyecto inmobiliario, aún no se ha puesto ningún ladrillo en la zona. Ello obedece a que la Comunidad de Madrid, máxima autoridad urbanística de la región, lo tiene paralizado.

Pero el Ayuntamiento sí le dio luz verde, según la querella. Fuentes de la investigación calculan "en cerca de un billón de pesetas" las ganancias que puede cosechar esta trama si la Comunidad autoriza tales proyectos.

Entre los querellados figuran el abogado Francisco Díaz Moñux, quien fue condenado a nueve años de cárcel por tráfico de drogas a gran escala, y Leopoldo Arnaiz Eguren, un arquitecto implicado en otras diligencias judiciales por diversas operaciones inmobiliarias.

La querella también va dirigida contra el ex concejal de Hacienda de Alcorcón, el popular Fernando Díaz Robles (por haber contratado a Arnaiz como técnico municipal a instancias de Zúñiga), Juan Benigno Alonso, socio de Díaz Moñux, y contra Manuel Hermo, representante de propietarios de suelo de Alcorcón (165.000 habitantes).

Los delitos que se les imputan son, además de asociación ilícita y cohecho (corrupción), son prevaricación, revelación de información privilegiada, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios, maquinación para alterar el precio de las cosas y blanqueo de capitales.

La querella, que firma el fiscal Emilio Valerio, coloca en la cima de esta trama, que comenzó a actuar en 1999 y que supuestamente lo ha venido haciendo hasta comienzos de 2003, al ex alcalde Zúñiga. Según el fiscal, el ex alcalde "se concertó" con los otros querellados para obtener grandes beneficios económicos merced a operaciones especulativas del suelo que favorecían a intereses privados e iban en detrimento de las viviendas de protección pública.

En síntesis, la trama urdida funciona así, según la querella: Zúñiga prescindió del secretario de su Ayuntamiento, tras oponerse éste reiteradamente a sus planes urbanísticos por ilegales, y contrató a un arquitecto ajeno al Consistorio (Arnaiz).

La misión de Arnaiz -siempre según la querella- es que elevase informes al alcalde indicando cómo desarrollar urbanísticamente los gigantescos solares (más de un millón de metros cuadrados) denominados Ensanche Norte y Ensanche Sur.

Los querellados Díaz Moñux y Alonso actúan en connivencia con el alcalde y con Arnaiz. Y son los que compran a unas 4.000 pesetas el metro cuadrado, como rústicos, terrenos no urbanizables que más tarde son recalificados desde el Ayuntamiento, multiplicando por 30 la inversión, según el fiscal. No sólo compran baratos tales terrenos "con la información privilegiada que les facilita el alcalde", sino que también maquinan para liberar el suelo adquirido de la obligación de construir sobre él las casas de promoción pública que impone el planeamiento urbanístico. Las ganancias, pues, suben aún más. La fiscalía explica: "Las ilícitas maniobras [de los implicados] afectan gravísima y sustancialmente a dos parámetros de gran trascendencia en este municipio, dada la gran cantidad de población joven que demanda una vivienda, como es el precio de repercusión del suelo, en su transformación de suelo rústico a urbano, y en el número de viviendas de protección pública que debían construirse en Alcorcón". El ex alcalde Zúñiga decidió contratar a Arnaiz después de que la Comunidad de Madrid, máxima autoridad urbanística de la región, le obligase a rectificar su proyecto urbanístico, por su extensión uno de los mayores de España detrás de la llamada Operación Chamartín de Madrid.

Zúñiga contrató a Arnaiz para que éste subsanase las irregularidades que observó la Comunidad en tales proyectos, pero también como parapeto frente al secretario del Ayuntamiento, en quien el alcalde vio un obstáculo para sus planes inmobiliarios. Según la querella, Arnaiz, en lugar de rectificar y acomodar el plan a las exigencias de la Comunidad, interpretó tales exigencias a su modo y elevó informes al Consistorio favorables a la construcción de muchas más casas de las previstas; y relegando a la vez drásticamente los parámetros destinados a viviendas de protección pública. En Alcorcón no se ha construido ninguna vivienda pública "en los últimos años", según la fiscalía.