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CRISIS EN LA COMUNIDAD DE MADRID

El Gobierno dice que la querella del PSOE "no tiene ni pies ni cabeza" y descarta que actúe Anticorrupción

El Gobierno no cree necesario que la Fiscalía Anticorrupción investigue la posible existencia de una trama político-inmobiliaria que, según mantiene el PSOE, le puede costar a la coalición de izquierda la pérdida del gobierno de la Comunidad de Madrid. Los socialistas ven la mano de esta trama tras la presunta compra del voto de los diputados regionales Eduardo Tamayo y Maite Sáez por los constructores Francisco Vázquez y Francisco Bravo, afiliados al PP. El coordinador de IU, Gaspar Llamazares, ha solicitado la intervención del Fiscal Anticorrupción, que a su vez ha pedido autorización para ello al fiscal general del Estado.

El vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró ayer, tras el Consejo de Ministros, que "no hay fundamento jurídico" para una investigación y descalificó la querella por cohecho presentada por el PSOE contra los diputados desertores Tamayo y Sáez, los constructores Bravo y Vázquez y el secretario general del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada. A juicio de Rajoy, la querella "no tiene pies ni cabeza" porque "no se dice quién paga, por qué ni para qué (...) Se ponen querellas por cohecho sin precisar si se han verificado o no pagos".

También aludió a la querella del PSOE por una recalificación de terrenos, presuntamente irregular, en Villaviciosa de Odón, en 1997, en la que participaron los dos constructores y una empresa de José Luis Balbás, el líder de la corriente del PSOE Renovadores por la Base, a la que pertenecía Tamayo. "¿Por qué no se denunció en 1997? ¿Por qué la Federación Socialista Madrileña puso en su lista a la Asamblea regional a una persona [Tamayo] que pudo intervenir en esas recalificaciones?", argumentó Rajoy.

El vicepresidente del Gobierno aclaró que no es él quien tiene que decidir si la Fiscalía Anticorrupción debe intervenir o no. Pero afirmó rotundamente que "no hay pruebas ni base jurídica para imputar cohecho" y "lo que no podrá hacer la fiscalía es investigar el sentido del voto de un diputado, porque es ilegal". El ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, fue, también, tajantemente contrario a dicha investigación. No la cree "prudente ni oportuna".

"Ganar tiempo"

Pero Rajoy cree que lo que pretende el PSOE con las querellas es tapar "sus verdaderas intenciones, que no sabemos cuáles son". No obstante, precisó que lo que los socialistas desean es "ganar tiempo" para ver si los dos desertores dimiten. Aventuró que un primer paso puede ser que el candidato socialista, Rafael Simancas,

sea presionado para que acepte la investidura como presidente de la Comunidad de Madrid con los votos de Tamayo y Sáez, para así controlar el proceso electoral.

El vicepresidente primero fue tajante. A su juicio, es la presidenta de la Asamblea de Madrid, Concepción Dancausa, del PP,elegida el 10 de junio por la ausencia de Tamayo y Sáez, la que "tendrá que fijar los procedimientos, resolver los problemas jurídicos y decidir la fecha".

El Gobierno es ferviente partidario de la convocatoria de elecciones: "Digamos a la gente que vamos a convocar elecciones, que bastantes problemas se les han creado a los madrileños como para que sigamos discutiendo si vamos a pactar si cabe la posibilidad de que alguien vaya a presentarse para ser elegido y disolver al día siguiente. Fijemos unas reglas de juego y convoquemos".

Junto a la llamada a las elecciones, el portavoz advirtió al PSOE: "Me parecería tremendo que se pudiera usar el voto de esas personas [Tamayo y Sáez] para algo distinto a convocar elecciones".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 21 de junio de 2003