El PSOE exige congelar los proyectos relacionados con la trama inmobiliaria
Caldera pregunta al PP por qué no ha expulsado del partido a Bravo y Vázquez
El portavoz del PSOE en el Congreso, Jesús Caldera, ha pedido hoy al Gobierno en funciones de la Comunidad de Madrid que "paralice de forma inmediata" todas las actuaciones urbanísticas que tengan relación con las personas implicadas por la Fiscalía de Madrid en una trama inmobiliaria en Alcorcón.
En una rueda de prensa ofrecida en la sede del partido, Caldera ha expresado su convicción de que esta trama es la misma que la de Navalcarnero, Villaviciosa de Odón, Sevilla la Nueva y otros municipios de la comunidad, y la ha vuelto a situar detrás de la crisis de la Asamblea de Madrid. "Son la misma trama especulativa" destinada a evitar un Gobierno de izquierdas liderado por Rafael Simancas, según las palabras de Caldera.
A su juicio, el Gobierno en funciones del PP en Madrid debe demostrar que está dispuesto a dar la batalla contra la corrupción procediendo a la paralización de las actuaciones relacionadas con estas personas, entre las que ha recordado que hay varios miembros del Partido Popular.
El dirigente socialista ha pedido también que se hagan públicas las operaciones urbanísticas en las que hayan intervenido estas personas con anterioridad, así como los socialistas Eduardo Tamayo y José Luis Balbás, expulsados ya del partido. A su vez, pide al Partido Popular que expulse de la formación a Bravo y Vázquez de sus filas.
Tamayo y Sáez tomarán posesión el lunes
Los diputados Eduardo Tamayo y Maite Sáez podrían acudir el próximo lunes al parlamento madrileño para jurar o prometer el acatamiento de la Constitución y del Estatuto de
Autonomía en la sesión plenaria que se celebrará por la tarde.
Con el juramento o promesa del acatamiento de la Constitución y el Estatuto, Tamayo y Sáez adquirirían la "condición plena de diputados", lo que supone percibir una prestación económica y gozar de "inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones".
Tampoco podrían ser "detenidos ni retenidos por actos delictivos cometidos en territorio de la Comunidad", a excepción de "flagrante delito", según el Estatuto de Autonomía.
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