La nueva Ley General Presupuestaria penalizará a los ministerios que no cumplan los objetivos previstos

El anteproyecto de la Ley General Presupuestaria, que entrará en vigor en 2005, prevé penalizar a aquellos ministerios y organismos autónomos que no cumplan los objetivos de ejecución presupuestaria previstos.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que presentó ayer un primer informe de la ley al Consejo de Ministros explicó que para evaluar el grado de cumplimiento de los ministerios (tanto en inversión como en consecuencias socioeconómicas de la misma), se fijarán en el futuro reglamento de la norma índices objetivos.

Con ellos, dijo el ministro "se vincularán los gastos futuros al cumplimiento de los objetivos presentes". En otras palabras, si un departamento no cumple con lo previsto para un determinado ejercicio, en los presupuestos futuros contará con menos dinero para las partidas puestas en cuestión.

La evaluación de la gestión será "continua y constante" por parte de comisiones que estarán formadas por personal de Hacienda y del ministerio "examinado". A cambio de tanto rigor, los ministerios tendrán la posibilidad de ser flexibles con sus programas de gasto. Si un proyecto no se ha podido ejecutar, podrán reasignar el dinero a otro fin. Y lo podrán hacer sin pedir autorización al ministro de Hacienda, como hasta ahora sucede. Los cambios, eso sí, tendrán que ponerlos en conocimiento del Gobierno y del Parlamento.

La norma establecerá también escenarios presupuestarios plurianuales, de tres años, en los que se enmarcarán los presupuestos generales del Estado cada ejercicio. Ello, destacó el titular de Hacienda "dará más seguridad y más fiabilidad a los agentes económicos a la hora de tomar sus decisiones".

La Ley General Presupuestaria, que con la Ley de Estabilidad y la Ley General de Subvenciones (en tramitación) orientarán la política presupuestaria del Gobierno, regulará también el Fondo de Contingencia. Éste es un instrumento destinado a financiar imprevistos del Estado, dotado con el 2% del límite de gasto global.

El Ministerio de Hacienda, precisó Montoro, podrá pedir el ingreso en el Tesoro Público de todo o parte del remanente de tesorería de los organismos autónomos y entidades públicas que no sean necesarios para financiar su actividad.

La futura norma, "destinada a mejorar la eficacia del gasto público" según señaló el ministro, califica los entes que forman el sector público en tres subsectores, según su naturaleza económico-financiera: sector público empresarial, administrativo y fundacional.