España puede librarse de la multa europea por sus aguas de baño

Si los magistrados del Tribunal Europeo de Justicia siguen la opinión del abogado general, lo que suele suceder en el 80% de los casos, España puede librarse de la amenaza de multa que pesa sobre ella. La Comisión Europea llevó a España al tribunal por considerar que, una vez condenada por la mala calidad de sus aguas de baño interiores, poco había hecho por mejorar la situación. Bruselas pedía una multa de 45.600 euros diarios (la más alta de la historia de la UE) hasta que resolviera la situación. Ayer, el abogado general del Tribunal, con sede en Luxemburgo, hizo pública su posición: que a España no se le dio tiempo suficiente para mostrar las mejoras.

"España está confrontada a fuentes de contaminación difusas o a escapes procedentes de tierras de labranza y es difícil descubrir dichos problemas y remediarlos", dice el informe hecho público ayer. "Como en la mayoría de estos casos, necesitan varias temporadas antes de poder detectar la fuente real o el ciclo de contaminación. En algunas situaciones sólo puede hallarse una solución mediante amplios programas de mejora de las prácticas agrarias".

Las autoridades españolas aseguran que en los últimos años se había mejorado ostensiblemente la calidad de las aguas de baño, contra los datos que esgrimía la Comisión. La clave de tal disparidad está, según el abogado general, en que la Comisión Europea manejó datos un tanto atrasados.

Este caso se arrastra desde 1986, cuando España se incorporó a la UE. Denunciada por la Comisión Europea por no trasponer a tiempo las normas, y después por no cumplir los requisitos de calidad exigidos, el Tribunal Europeo de Justicia condenó a España en 1998. Tres años más tarde, Bruselas comprobó una mejora de la calidad de las aguas, pero la consideró insuficiente, lo que le llevó a pedir al tribunal una multa sobre la que aún debe decidir. Hasta la fecha, sólo Grecia ha afrontado una multa similar, de 20.000 euros diarios, en aplicación de esta posibilidad que abrió el Tratado Maastrich en 1993. Los magistrados tienen ahora la palabra.