Un juez argentino imputa a De la Rúa y a Cavallo por el 'corralito'

El juez argentino Mariano Bergés, que investiga las demandas que los ahorradores presentaron después de que se les impusiera por decreto la restricción a la retirada de fondos de los bancos, en diciembre de 2001, ordenó comparecer en calidad de imputados y en audiencias sucesivas a partir del próximo 18 de junio al ex presidente argentino Fernando de la Rúa; al ex ministro de Economía de su Gobierno, Domingo Cavallo, y al ex presidente del Banco Central, Mario Blejer, para tomarles "declaración indagatoria" antes de decidir si los procesa por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

Las medidas que dieron origen al que fuera luego conocido popularmente como corralito financiero provocaron, dos semanas después del día de su instauración, el 3 de diciembre de 2001, un estallido social que obligó primero a la renuncia de Domingo Cavallo, el 19 de diciembre, y concluyó el 20 de diciembre de 2001 con la caída del Gobierno de De la Rúa. Las manifestaciones en varias ciudades, reprimidas por la policía, dejaron un saldo de 30 muertos y decenas de heridos en todo el país.

Un día antes de presentarse ante el juez Bergés para explicar por qué autorizó al entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, a instaurar el corralito (limitar la retirada de fondos de los bancos hasta un máximo de 1.200 pesos semanales, unos 340 euros al cambio actual), el ex presidente Fernando de la Rúa deberá comparecer también ante la juez federal María Servini de Cubría, que investiga a su vez la responsabilidad de la cadena de mandos de la policía en el asesinato de cinco manifestantes en los alrededores de la plaza de Mayo de Buenos Aires, la tarde del 20 de diciembre de 2001. En este expediente, De la Rúa podría afrontar cargos por "homicidio culposo y lesiones".

Una medida extrema

Los defensores del ex jefe de Estado sostienen que De la Rúa "no dio orden de reprimir ni de desalojar la plaza, ni de detener a personas, y su criterio fue el de garantizar la ley y el orden". De la Rúa está bajo proceso también por utilizar a un empleado municipal como jardinero de su casa de fin de semana cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El decreto que impuso el corralito financiero fue explicado por los defensores de De la Rúa como una "medida extrema", recomendada por el ex ministro Cavallo para evitar la fuga masiva de depósitos de los bancos que se había producido en las semanas previas al 3 de diciembre. Los representantes de los ahorradores denunciaron la complicidad del ex ministro y del ex presidente de la nación con los grandes grupos económicos y empresarios, que supuestamente contaron con información privilegiada y lograron retirar fondos, muchos de ellos no declarados al fisco, para transferir al exterior unos 18.000 millones de dólares entre abril y noviembre de 2001.