Hacienda pone la lupa sobre los pisos

Hacienda ha colocado la lupa sobre el sector inmobiliario y empieza a recoger frutos. Los inspectores de la Agencia Tributaria "levantaron" en 2002 una deuda tributaria (que incluye cuotas reclamadas, sanciones e intereses de demora) de 535 millones de euros, un 65% más que en el ejercicio 2001, en el que las cantidades afloradas en el sector se situaron en 350 millones de euros. A esas sumas hay que añadir las actas levantadas por delito fiscal en el mismo sector (se considera delito a partir de 90.000 euros), que en 2002 ascendieron a 35,7 millones de euros, un 41,6% más que en el año anterior.

El fuerte aumento registrado el pasado año en las reclamaciones de deuda tributaria no satisfecha por parte de las empresas y los particulares confirma un secreto a voces: la existencia de una importante bolsa de fraude en el sector constructor e inmobiliario. El dinero dudoso forma parte del boom que ha registrado el sector en los últimos años. La puesta en circulación del euro, en enero de 2002, no hizo sino atraer a este sector de actividad capital oculto a los ojos de Hacienda.

El Plan de Control de la Agencia Tributaria se extenderá también a las subcontratas

Unidades especializadas vigilarán todas las fases de la actividad, incluida la recalificación

Según cifras que manejan los expertos, al menos el 10% de las inversiones en el mercado inmobiliario producidas desde que se inició el boom es meramente especulativo. Y

una buena parte de ese porcentaje, no cuantificado, es dinero negro, no declarado.

El propio gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, confirmó antes de la entrada en vigor de la moneda única que la entidad tuvo que reducir las emisiones de billetes en casi un 10%, debido a la afloración de dinero negro como consecuencia de la llegada del euro. Caruana añadía que el dinero B se estaba manejando sobre todo en la venta de pisos y coches de alta gama. Obviamente, Hacienda estaba al tanto y movió la lupa. El resultado en el ejercicio pasado fue, según fuentes de la Agencia Tributaria, un aumento de las deudas reclamadas en el sector inmobiliario del 65%, hasta alcanzar los 535 millones de euros.

De igual forma, también se incrementaron las actas enviadas a los tribunales por delito fiscal (ocultación a partir de 15 millones de las antiguas pesetas). El importe de esas actas se elevó a 35,7 millones de euros, un 41,6% más que en el ejercicio 2001.

Al aumento en las reclamaciones contribuyó la campaña lanzada el pasado año por la Agencia Tributaria para inspeccionar inmuebles en las zonas más calientes para el dinero negro del país, que coinciden con las islas y las zonas costeras.

Y este año, según los planes adelantados por la Agencia Tributaria, las cifras pueden ser espectaculares en cuanto a detección de fraude. Todo dependerá del resultado que ofrezca el Plan de Control tributario elaborado por el departamento que dirige Salvador Ruiz Gallud y que centrará sus actuaciones en el sector inmobiliario (incluidas empresas auxiliares y subcontratistas), las recalificaciones de terrenos y la piratería audiovisual.

En general, el terreno en el que se moverán con más ahínco los inspectores de Hacienda serán las adquisiciones de inmuebles de precios elevados, superiores a los 300.000 euros. Pero sin olvidar la compra de automóviles de lujo con un valor superior a 24.000 euros, la compraventa de embarcaciones de recreo, las obras de arte, antigüedades y los metales preciosos y joyas.

La intención de la Agencia Tributaria es que tampoco se escapen al escrutinio actividades menores como los alquileres no declarados. Para ello, la Agencia Tributaria podrá examinar los consumos de ciertos suministros como el consumo de luz o de agua de pisos susceptibles de encontrarse en régimen de alquiler sin haber sido declarados.

Para aflorar el fraude en general, la Agencia Tributaria ha previsto la creación de nueve unidades regionales destinadas únicamente a investigar presuntos fraudes. Al menos dos de las nuevas unidades estarán en Madrid, dos en Cataluña, una en Andalucía, una en Valencia y otra en Galicia. Algunas de esas unidades, especialmente en Madrid, estarán especializadas en la persecución del fraude inmobiliario, supervisando todas las fases del proceso, desde la compra del terreno a la promoción o la comercialización. La idea es que los inspectores investiguen desde el pago con dinero negro por parte de los compradores hasta la utilización de esos capitales oscuros por parte de las empresas promotoras.

Al trabajo de los inspectores por poner coto al fraude en la construcción se unirá en un futuro próximo el refuerzo de las armas legales de que disponen. Así, la futura Ley General Tributaria, en tramitación, contempla la responsabilidad de la empresa constructora de las deudas tributarias que contraigan las empresas con las que subcontraten, algo que no ha gustado ni poco ni mucho a las asociaciones del sector.

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC), por ejemplo, ha señalado que esa posibilidad crea un nuevo supuesto de responsabilidad para las empresas sin sustento jurídico, que además complicará sobremanera la gestión de las empresas y de la propia Administración.

En concreto, el artículo de la discordia es el 43 del anteproyecto de Ley General Tributaria, que establece cómo "las personas o entidades" que contraten o subcontraten la ejecución de obras y servicios deberán responder por las cantidades repercutidas (se entiende en concepto de impuesto por el valor añadido, IVA) y por las retenciones de los empleados de todas esas contratas y subcontratas.

La responsabilidad civil subsidiaria no será exigible cuando el contratista o subcontratista aporte al pagador un certificado específico de encontrarse al corriente de sus obligacioens tributarias. Es, en definitiva, un intento de taponar la práctica de crear sociedades pantalla, formalmente subcontratistas, para evadir el pago de impuestos.