La Comisión de Telecomunicaciones critica las incompatibilidades accionariales en televisión

La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) recomienda al Gobierno la flexibilización del régimen de incompatibilidades diseñado en el anteproyecto de Ley General de Radio y Televisión. Según el texto elaborado por el Gobierno, los accionistas de una cadena nacional no podrán participar en el capital de otras sociedades sea cual sea su ámbito de cobertura (local o autonómico). En el informe remitido al Gobierno, la CMT señala que esta restricción puede suponer un freno al desarrollo del mercado y acarrear una limitación del pluralismo.

El informe de la CMT (preceptivo, pero no vinculante) analiza los aspectos políticos, técnicos y de mercado del anteproyecto elaborado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. El documento cuestiona el régimen de incompatibilidades (incorporado en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado), que impide a una misma persona física o jurídica participar en dos o más licencias de televisión. La CMT precisa que en el sector audiovisual existe una demanda de contenidos distinta en los diferentes mercados geográficos, que son "perfectamente compatibles entre sí".

Según el organismo que preside Carlos Bustelo, en un mercado en el que operan cadenas por cable, por satélite y en sistema digital terrestre "no tiene sentido que el pluralismo se promueva sobre la base de incompatibilidades de tipo accionarial establecidas al margen del mercado". Por ello, recomienda una flexibilización para permitir que un accionista pueda obtener licencias en ámbitos geográficos diferentes siempre y cuando se haga compatible el desarrollo del mercado y la pluralidad informativa suficiente. La prohibición supone "una limitación al desarrollo del mercado, lo que no necesariamente fomenta el pluralismo, sino al contrario".

Propone además permitir la participación en distintas sociedades de televisión siempre y cuando ello no suponga el control efectivo de más de una entidad. Y pone como ejemplo la fórmula de la radio. En este sector, la nueva ley establece que la misma persona física o jurídica no podrá mantener el control efectivo de dos o más emisoras que con idéntica tecnología (analógica o digital) tengan el mismo ámbito de cobertura, salvo cuando, por el número de emisoras, en ese territorio quede garantizado el pluralismo informativo. La CMT da la vuelta a la argumentación del Gobierno y sostiene que el problema del pluralismo se puede presentar si existiendo demanda se ponen obstáculos a la entrada de nuevas ofertas.

Otro de los aspectos que restringirían el desarrollo de un mercado en libre competencia afecta al sistema de financiación de RTVE. La CMT advierte de que es necesaria la definición de "servicio público" y la puesta en marcha de un sistema de financiación que no distorsione la competencia. "Sorprendentemente", recoge la CMT, "no se consideran incluidas en la definición de servicio público determinadas condiciones mínimas de prestación de servicio como pudieran ser asequibilidad, cobertura o número mínimo de horas de emisión". El sistema de doble financiación (a través de los presupuestos del Estado y el acceso al mercado publicitario) sitúa a los operadores privados en "una desventaja competitiva". La CMT propone la incorporación de un nuevo artículo en el anteproyecto por el que se limite la financiación pública de los canales de televisión o de la radio al coste derivado de la función de servicio público que tengan encomendada. Para llevar a cabo este control sería necesaria la implantación de una contabilidad analítica. Su vigilancia quedaría en manos de la Comisión de Control Parlamentaria o de la Comisión del Mercado Audiovisual y de la Telecomunicaciones (CMAT). La CMT sostiene que reservar un espacio radioeléctrico (capacidad de transmisión) a los canales públicos podría vulnerar también la libre competencia respecto a las empresas privadas.

El organismo regulador se manifiesta especialmente crítico hacia las funciones encomendadas a la CMAT, la nueva entidad encargada de controlar el sector. El anteproyecto le atribuye la misión de velar por el mantenimiento del pluralismo y la transparencia en la radio y la televisión y garantizar que su programación respeta los principios constituciones y protege los derechos de los telespectadores y radioyentes. La CMT califica de "incoherente" el anteproyecto y afirma que "carece de justificación" que se le atribuyan competencias en materia de control de contenidos y de pluralismo informativo a un ente despojado de funciones para salvaguardar la libre competencia en el mercado.

También considera necesario que la comisión pueda resolver de modo vinculante las controversias entre los agentes del sector. Reclama por ello que se le dote de potestad sancionadora, ya que, según el anteproyecto, podría instruir expedientes sancionadores, pero no tendría posibilidad de incoarlos o resolverlos. Esta situación provocaría, a su juicio, "una pérdida de eficacia y eficiencia" en la labor administrativa.