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Editorial:

Gasto hospitalario

El informe del Tribunal de Cuentas de los años 1999 y 2000, basado en un pormenorizado examen de la política de compras de 16 hospitales públicos, es demoledor para sus gestores. En la inmensa mayoría de los casos, la adquisición de medicamentos no sólo incumplió la normativa vigente, que obliga a hacerla con publicidad y pública concurrencia, sino que además se pagaron precios con oscilaciones inexplicables para un mismo fármaco, incluso dentro de un mismo hospital. Y no es la primera vez que ocurre. El hecho de que un hospital llegue a pagar por un fármaco hasta un 236% más que otro, y que la mayoría de las compras se hayan hecho a dedo, induce a pensar que podemos estar ante algo más que una mera disfunción.

Estos gestores, que administran dinero público, no hicieron valer ante los laboratorios proveedores su calidad de principales clientes para obtener unos descuentos proporcionales al volumen de la compra. Las administraciones responsables tampoco empujaron una medida que habían anunciado y que parece elemental: la creación de una central de compras que permita negociar precios más ventajosos que los que pueda obtener cada hospital por separado. Como ocurriría en cualquier empresa privada eficiente.

Semejante política de compras, que contribuye sin duda al desorbitado crecimiento de la factura farmacéutica -con aumentos en los últimos años de entre el 13% y el 22,7%-, merece un severo correctivo. Pero parece que el nivel de tolerancia en la gestión de lo público es decididamente amplio, y algo tendrá que ver en ello un pernicioso sistema de nombramientos que prima en muchos casos la fidelidad política por encima de la profesionalidad o los resultados. El sistema sanitario público es uno de los principales factores de equidad y justicia social en nuestro país, y la mejor forma de preservarlo es garantizando una gestión eficiente. La desidia en su administración es inadmisible.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 2 de junio de 2003