Simancas quiere pactar con Gallardón el desbloqueo del plan general de urbanismo

Rafael Simancas, futuro presidente de la Comunidad, busca una solución para las 100.000 viviendas que han quedado paralizadas tras la anulación, por parte del Tribunal Superior de Justicia, de 28 desarrollos urbanísticos del plan general de 1997. Los jueces fallaron que estos desarrollos invadían zonas protegidas medioambientalmente, por lo que las viviendas -muchas de ellas ya en construcción o comprometidas con sus compradores- no podían levantarse. Simancas quiere pactar con Alberto Ruiz-Gallardón, alcalde electo, una solución para los miles de familias afectadas.

No existe un cálculo exacto de los miles de familias afectadas por la anulación judicial de los 28 desarrollos urbanísticos del plan general, pero la cifra puede acercarse a unas 100.000 viviendas. El Tribunal Superior, tras una denuncia del que era portavoz socialista en 1997 en el Ayuntamiento, Juan Barranco, falló el 27 de febrero anular parte del documento que rige el urbanismo de Madrid.

Pero tanto ha durado el proceso judicial (casi seis años) que ha dado tiempo a edificar miles de viviendas sobre zonas protegidas medioambientalmente. De hecho, muchas casas ya están construidas, comprometidas con sus compradores o sobre ellas existen derechos urbanísticos (el Ayuntamiento ya ha dado licencia para poner los primeros ladrillos o bien la Comunidad ha ratificado las operaciones, lo que genera derechos y, por tanto, indemnizaciones millonarias). Éste es el caso, por ejemplo, de los pisos levantados y vendidos en Montecarmelo, Las Tablas o Sanchinarro (los nuevos barrios del norte).

Ante esta situación, el futuro presidente regional, Rafael Simancas, del PSOE, se encuentra ante un dilema: o paraliza lo que aún está sin construir, tal y como exigen los jueces (área de Barajas, Valdebebas, Campamento...), o intenta llegar a un acuerdo con el alcalde electo, Ruiz-Gallardón, del PP, para encontrar una solución al problema. Esta solución pasaría por buscar nuevos terrenos donde edificar las casas aún no levantadas o aumentar la edificabilidad de los terrenos no afectados por la sentencia judicial.

Nuevos emplazamientos

Simancas declaró ayer a EL PAÍS que no es partidario de un aumento de la edificabilidad, ya que esto acarrea graves problemas (nuevas infraestructuras viarias para absorber la creciente demanda y una lógica disminución de las zonas públicas), sino que prefiere buscar nuevos terrenos donde edificar las casas paralizadas por los jueces.

"Lo único que puedo asegurar a los afectados es que este nuevo Gobierno no permitirá, bajo ningún concepto, que nadie se quede sin la casa que ha pagado o apalabrado. De eso me encargo yo", aseveró. "Hay que acatar la sentencia, pero también hay que garantizar los derechos de miles de ciudadanos que hoy están inquietos por lo que pueda pasar con sus pisos a causa de la sentencia", agregó.

Por eso, Simancas va a convocar a Ruiz-Gallardón para pactar una solución que pasaría por una revisión del Plan General de Ordenación Urbana. A su vez, Ruiz-Gallardón necesita modificar ese plan -para lo que es imprescindible el apoyo de Simancas- si quiere realizar su proyecto de rehabilitación del centro de Madrid. Sería, por tanto, posible que ambos políticos se viesen en la ineludible obligación de llegar a un acuerdo para realizar sus respectivas promesas electorales: Simancas, desbloquear el plan general paralizado judicialmente y construir las viviendas a precio moderado en los nuevos barrios, y Ruiz-Gallardón, hacer una "verdadera operación quirúrgica" en el centro de la capital, consistente en rehabilitar miles de viejas y enormes casas para reducir su tamaño y alquilarlas a jóvenes.

Simancas cuenta con un as bajo el brazo para intentar convencer a los terceros en discordia: los promotores inmobiliarios. El futuro presidente ha anunciado en varias ocasiones que modificará la Ley Regional del Suelo con el fin de expropiar a los especuladores que acaparen suelo a la espera de que éste suba de precio.

Esta eventual modificación de la ley puede servir a Simancas para que los promotores -muchos de los cuales ya cuentan con derechos de construcción en los nuevos barrios de la capital y a los que, por tanto, habría que indemnizar si no se levantasen las viviendas comprometidas- acepten levantar las casas aún no construidas en otras zonas de la ciudad a un precio moderado. "Usaremos todas las herramientas legales necesarias para que nadie se quede sin su vivienda", insiste Simancas.