El foco del lino

El caso del fraude del lino, que enturbió políticamente la primera legislatura del PP, comienza a aclararse judicialmente. El juez Baltasar Garzón ha concluido la investigación iniciada hace más de dos años y ha sacado las primeras conclusiones sobre este asunto de corrupción política: ha reducido de 53 a 25 el número de imputados que deberán sentarse en el banquillo y ha situado el foco de la red de cazaprimas tejida al olor de las subvenciones europeas destinadas al cultivo del lino, no en las comunidades de Castilla-La Mancha y Extremadura, como pretendía el Gobierno, sino en el Ministerio de Agricultura.

La resolución de Garzón no es firme, como se ha apresurado en señalar el vicepresidente Rajoy para desactivar su posible carga política. La actual vicepresidenta de la Comisión Europea y ministra de Agricultura cuando se produjo el fraude, Loyola de Palacio, prometió dimitir si se probaba la implicación de su departamento en el escándalo. Esta última también se ha dado prisa en advertir que la decisión de Garzón no es firme y se trata sólo de "un nuevo paso procedimental".

No es firme, pero es algo más que un trámite procedimental. Se trata de un auto judicial que acota el campo de las presuntas responsabilidades y de los hechos que deberán enjuiciarse ante los tribunales. Y entre estas presuntas responsabilidades están las de los ex altos cargos de Agricultura Nicolás López de Coca y Gonzalo Ruiz Paz, directivos en los momentos más álgidos del fraude del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), organismo coordinador de las ayudas europeas al lino, y de la empresa pública Mercasa, respectivamente. Garzón imputa a López de Coca los delitos de tráfico de influencias y de negociaciones prohibidas a los funcionarios, además del de defraudación a la Haciencia comunitaria que atribuye al conjunto de los imputados.

Y en cuanto a los hechos, no sólo exculpa a las comunidades autónomas, sino que precisa que, en algunos casos, fueron planeados expresamente para burlar "las medidas y controles que se diseñaron para evitar esos supuestos fraudes". Hay que esperar a que los tribunales se pronuncien sobre la responsabilidad penal de los implicados, a los que ampara la presunción de inocencia. Pero la investigación de Garzón sobre los conductos del fraude apunta al ámbito de la responsabilidad del Gobierno, en contra de lo que dictaminó en su día la comisión parlamentaria encargada de investigar las responsabilidades políticas del escándalo. En otros tiempos, algunos habrían exigido poco menos que la dimisión del Gobierno en pleno.