La revuelta de los euroescépticos

La publicación del proyecto de Constitución europea ha acrecentado las críticas de los conservadores y los antieuropeístas británicos. Lejos de darse por satisfechos con la poda de ambiciones europeístas lograda por el primer ministro Tony Blair al texto finalmente presentado por Valéry Giscard d'Estaing a la Convención Europea, los tories (con su líder Ian Ducan Smith al frente) y la prensa euroescéptica han subido el tono de su oposición, que se ha transformado ya en un movimiento encaminado a exigir la devolución de poderes al Reino Unido y amenaza con acabar pidiendo la retirada de la UE.

Algo así destilaba entre líneas un editorial titulado Bye-bye Gran Bretaña publicado ayer por el Telegraph, el diario serio más vendido del país, el más próximo al Partido Conservador y el que sostiene con más coherencia las posiciones antieuropeas. Tras afirmar que la Constitución encamina a la UE no ya hacia una federación, sino hacia un Estado unitario, el diario cita todos los peligros que a su juicio encarna el proyecto de Constitución, incluida la supremacía de las leyes europeas sobre las británicas. Reconoce luego que casi todos los ejemplos citados están ahora en vigor -incluida la supremacía legal, ratificada en 1977 por el Tribunal de Justicia europeo- para advertir que ése es precisamente el mayor peligro: que los europeístas británicos "han ocultado lo extendido que está el poder acumulado por Bruselas". "Todo el proceso de integración europea se ha realizado, al menos en el Reino Unido, minimizando o negando lo que pasaba".

Está en marcha un movimiento que exige la devolución de poderes al Reino Unido

Mientras en Bruselas se da gran dimensión a las concesiones obtenidas por Blair, el Gobierno laborista se encuentra atrapado entre los deseos de cantar victoria y la realidad de que quedan muchos asuntos espinosos sobre la mesa. El negociador británico, Peter Hain, ha destacado la supresión de la palabra federal que hasta ahora figuraba en el borrador de Giscard, pero los críticos responden que ésa es una concesión para la galería y que la única razón de que esa palabra figurara en el proyecto era la de cobrar un primer peaje al Reino Unido al suprimirla. Con parecida cautela se han analizado otras concesiones enfatizadas en el continente, como el mantenimiento del veto en política exterior, una opción defendida por otros países, entre los que se cita a Francia.

Y, sobre todo, se hace lista de los asuntos pendientes para un Gobierno que parece aislado en un punto clave: su oposición a que la Carta de Derechos Fundamentales tenga rango legal. Otro asunto citado con relevancia es la figura del llamado ministro de Exteriores

europeo, de la que no gusta nada el nombre y se quieren delimitar con mucho esmero las competencias.

Otras cuestiones delicadas son la cláusula de defensa mutua, la obligación de consultar al resto de socios antes de emprender una acción en la escena internacional, la mayor coordinación de las políticas económicas y de empleo y su posible extensión a lo social, la institucionalización del eurogrupo formado por los ministros de Finanzas de la zona euro o las propuestas de eliminar el veto en parte de las políticas fiscales de lucha contra el fraude, cooperación administrativa y seguridad social. Londres se opone también con gran vigor a la figura del fiscal general europeo.