El proyecto de Constitución europea elimina el veto en inmigración y control de fronteras

El recurso de los países de la UE al veto cuando alguna propuesta les disgusta tiene los días contados en muchos terrenos. La tercera parte del proyecto de Constitución europea difundida ayer elimina ese derecho y opta por la mayoría cualificada en 36 materias, algunas tan fundamentales como la inmigración, el control de fronteras, la política agrícola común y las ayudas regionales. Serán 70 las materias que se regirán por esa norma y sólo 16 quedarán reservadas a la unanimidad o a procedimientos legislativos especiales, entre ellas la mayoría de decisiones en política exterior, seguridad y fiscalidad.

Esa tercera parte de la Constitución (la segunda es la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, que tendrá fuerza jurídica pese a las reticencias británicas) supone una profunda reforma, más resumida y comprensible, del actual Tratado de la Unión. Pero sobre todo recoge una serie de normas que harán más democrática la vida de la UE, ya que convierte en norma general el procedimiento legislativo de cualquier Estado democrático: la gran mayoría de propuestas legislativas tendrá que pasar ahora por el debate y aprobación del Parlamento Europeo, que será la institución que más poder asuma en el proceso constitucional.

Entre las 36 materias que pasan a ese procedimiento legislativo ordinario figuran, además de las citadas, todas las relacionadas con el espacio de libertad, seguridad y justicia (capítulo cuarto de esa tercera parte). Se impedirán así los bloqueos que en estos años pasados han impuesto Alemania o Austria a la hora de elaborar una política común de asilo o inmigración.

También pasan a ser acordados por mayoría cualificada en el Consejo, y posterior aprobación por la Eurocámara, asuntos clave como la energía, la Política Agrícola Común (PAC), las misiones del Banco Central Europeo (BCE), la protección de los trabajadores en caso de despido, la adopción de nuevas reglas financieras o las medidas sobre el uso del euro. A partir de enero de 2007, como se pactó ya hace dos años y medio en Niza, también serán aprobados por ese sistema los fondos estructurales (las ayudas regionales europeas), un punto básico para España, por ejemplo, porque a partir de entonces ya no podrá vetar acuerdos de la mayoría. Con la PAC y estos fondos, el Parlamento Europeo pasa a controlar más del 85% del presupuesto de la Unión, cuyos gastos anuales también supervisará.

Política exterior

Estos cambios cobran mayor importancia aún si se tiene en cuenta que, en su función legislativa, las deliberaciones y votaciones en el Consejo deberán ser abiertas al público, como señala en su primera parte el proyecto de Constitución.

Por el contrario, quedarán todavía sometidos a la unanimidad o a procedimientos especiales y, por tanto, la Eurocámara tendrá poco que decir al respecto, materias sensibles como la política fiscal (con la sola excepción de la lucha contra el fraude), las perspectivas financieras plurianuales o la asistencia financiera urgente a terceros países. Quedan en manos de los Estados iniciativas legales sobre la huelga, el cierre empresarial o el derecho de asociación.

La política exterior es un capítulo especial. Como norma, se mantiene la unanimidad, el derecho a veto. Pero en el listado de excepciones figuran las acciones y posiciones comunes sobre decisiones que haya adoptado el Consejo Europeo (los líderes), las iniciativas que proponga el ministro europeo de Exteriores a petición del Consejo o el nombramiento de representantes especiales en alguna zona del mundo. Aun así, y si un país alega que piensa oponerse a un asunto de éstos "por razones de política nacional vitales", no se votará, y el problema pasará a manos de los líderes. Todos las decisiones que impliquen actuaciones militares se adoptarán por unanimidad. Los países europeos representados en el Consejo de Seguridad de la ONU "se concertarán" y defenderán los intereses y las posiciones comunes de la Unión.

El texto también recoge la posibilidad legal de que la Unión congele las cuentas y bienes de grupos terroristas y organizaciones criminales, extremo que hoy no tiene base jurídica. Asimismo, prevé la creación de un fiscal europeo que pueda perseguir delitos cometidos en cualquier parte de la Unión, aunque, si sus investigaciones prosperasen, el caso pasaría a la justicia nacional correspondiente.

En contra de lo previsto inicialmente, el proyecto señala que, para su entrada en vigor, la Constitución deberá ser aprobada y ratificada por todos los Estados de la UE; por tanto, cualquier país podrá bloquearla. Si pasan dos años desde su aprobación y aún no ha sido ratificada por todos, el Consejo tendrá que debatir la resolución del problema. Inicialmente, se había propuesto la salida de la UE de los Estados que no la ratificaran si ya la habían aprobado el 60% de países y de población de la UE.