Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
NUEVA ETAPA EN ARGENTINA

Kirchner afronta la nueva transición argentina

El nuevo presidente jura hoy con el desafío de sacar al país de la crisis más grave de su historia

Buenos Aires
El peronista Néstor Kichner, de 53 años, inaugura hoy, con su investidura como presidente de la república, una nueva etapa en Argentina. Elegido en primera vuelta, tras la retirada de su adversario político el ex presidente Carlos Menem, Kichner afronta el desafío de culminar la transición iniciada en los últimos 17 meses por su protector político, Eduardo Duhalde. Los retos económicos son formidables: renegociar los préstamos con los acreedores exteriores, reestructurar la deuda pública, resucitar el sistema bancario y atajar la corrupción y la pobreza. El hasta ahora gobernador de la remota provincia sureña de Santa Cruz deberá reformar también un aparato del Estado sobredimensionado.

Néstor Kirchner jura hoy como presidente de Argentina elegido parcialmente en las urnas -los electores sólo pudieron votar en la primera vuelta por la posterior retirada de Carlos Menem-, después de 17 meses de un Gobierno provisional que heredó una situación política, económica y social explosiva. El último presidente elegido, Fernando de la Rúa, había dimitido dos años antes de cumplir su mandato, acosado desde todos los frentes. La verdadera transición comienza ahora, con un presidente que afronta el desafío de sacar al país de una crisis gigantesca. Hoy recibirá el respaldo de los principales líderes latinoamericanos, especialmente de aquellos que pretenden poner en marcha un nuevo modelo de desarrollo para la región.

El 75% de los argentinos menores de 14 años es pobre, según un reciente informe

Para muchos argentinos, Kirchner es un gran desconocido del que sólo se sabe que administró decentemente una provincia inmensa, despoblada y rica en recursos. ¿Es bagaje suficiente para gobernar un país de 36 millones de habitantes en estado de emergencia social y fiscal? El tiempo lo dirá. De momento, el nuevo presidente ha dicho claramente que su objetivo número uno es la creación de empleo a través de un gran número de obras públicas. Cierto es que la infraestructura del país presenta un estado lamentable, desde las carreteras y vías férreas hasta los desagües y alcantarillado. Pero la obra pública no es la piedra filosofal cuando no hay recursos suficientes para compaginar la inversión necesaria con la meta de lograr el 4% de superávit fiscal y el cumplimiento de los compromisos con los acreedores externos.

Argentina es un país altamente endeudado y en suspensión de pagos desde diciembre de 2001. Así ha sobrevivido en los meses que ha gobernado el presidente provisional, Eduardo Duhalde. Ahora, su sucesor tendrá que sentarse cuanto antes con los organismos financieros internacionales y los acreedores externos. El acuerdo que el Gobierno firmó en enero con el FMI, tras amenazar con suspender pagos, con los organismos internacionales expira en agosto, y los vencimientos de préstamos con estas instituciones entre septiembre y diciembre ascienden a 6.000 millones de dólares.

En el campo social, los indicadores siguen en luz roja. Un informe reciente de la Fundación Capital asegura que se necesitan 10 años de recaudación de impuestos para cubrir toda la deuda pública, y que el 75% de los menores de 14 años son pobres.

La reestructuración de la deuda pública será, sin duda, una de las primeras cuestiones que tendrá que abordar el nuevo Gobierno. Argentina suspendió pagos sobre unos 60.000 millones de dólares en bonos en diciembre de 2001. Desde entonces el Gobierno ha emitido o anunciado nuevos bonos por 27.000 millones de dólares, sobre todo para compensar a los bancos y ahorradores por la pesificación.

Los acreedores ascienden a 700.000 en siete jurisdicciones legales diferentes. Aunque éstos acepten una reducción del 70% del valor de los bonos impagados, para cubrir el servicio de deuda restante el Gobierno tendría que lograr un superávit fiscal primario entre el 4% y el 5% del PIB, según Miguel Broda, consultor económico.

Los problemas para el nuevo presidente no acaban aquí. El sistema bancario, insolvente y excesivo para una economía que se ha reducido drásticamente, requiere una reforma profunda que el Gobierno provisional no pudo o no se atrevió a ejecutar. El 56% de los activos son papeles de un Gobierno en suspensión de pagos. Sólo la mitad de los préstamos de los bancos al sector privado están al día.

Las tarifas de los servicios públicos es otro asunto que arde. La devaluación significó el incumplimiento generalizado de los contratos. Las empresas de servicios tienen deudas que superan los 45.000 millones de dólares. Por citar dos casos emblemáticos de compañías que en la década de los noventa obtuvieron grandes beneficios, la franco-alemana Telecom suspendió pagos y la española Telefónica está en una situación límite. Las compañías reclaman un aumento de tarifas que en ningún caso puede ser muy alto, dado el empobrecimiento de gran parte de la población. Kirchner ha evitado hablar directamente con los empresarios, y en los últimos días dirigió varios avisos a las corporaciones. Hay pocas dudas, sin embargo, de que las tarifas eléctricas, telefónicas y de gas, congeladas desde la devaluación, aumentarán gradualmente durante dos años, según las propuestas que barajan los equipos técnicos del presidente.

El Gobierno de Duhalde dio en la recta final de su mandato varios pasos para levantar los últimos controles sobre ahorros bancarios. El sábado terminó el plazo para el canje de los depósitos atrapados en el llamado corralón

financiero, que se abrió el pasado 7 de abril. Según el primer balance, los depositantes retiraron el 44,5% del dinero, lo que supone unos 7.400 millones de pesos (2.551 millones de dólares) de los 16.000 millones existentes (5.517 millones de dólares). El Banco Central se dispone a liberalizar los controles de capitales y prepara la retirada de los bonos emitidos por las provincias sin liquidez. Para este fin, el Banco Mundial ha otorgado un préstamo de 500 millones de dólares.

La evasión impositiva y los 100.000 millones de dólares que los argentinos tienen en el exterior son parte de un mismo problema, endémico, al que Kirchner se ha referido antes de su investidura. El presidente anunció recientemente la creación de tribunales tributarios para perseguir y juzgar a los evasores. Desde ahora, el que no pague irá a la cárcel, dijo. En realidad, los tribunales tributarios ya existen. El problema es que no funcionan, porque el Ejecutivo no les asignó presupuesto.

Junto a las cuestiones no resueltas, el presidente saliente consiguió estabilizar la cotización de la moneda en torno a los 2,9 pesos por dólar, controló la inflación y la previsión de crecimiento es del 4%. La devaluación caótica sirvió para aumentar las exportaciones y sustituir las importaciones con productos locales, lo que no siempre es sinónimo de calidad. Benefició al sector agrario, que ha tenido una cosecha récord, y algunas empresas, sobre todo del sector textil, empiezan a recuperarse. El sector turístico se ha recuperado por la avalancha de visitantes extranjeros, que tratan de aprovechar los efectos de la devaluación.

A pesar de que amplios sectores de la sociedad reclaman una profunda reforma política, el Gobierno que se va no dio ningún paso en esa dirección. La división del Estado en provincias, gobernadas en buena parte por caudillos;la sobredimensión del aparato del Estado, yla corrupción y el clientelismo han contribuido al descrédito de la política.

En política exterior, Kichner tendrá una actitud alejada de las "relaciones carnales" con EE UU que preconizaba el ex presidente Carlos Menem. El nuevo ministro de Exteriores, Rafael Bielsa, defiende la fórmula de "cooperación sin cohabitación" con Washington. El viaje que Kirchner realizó a Brasil y Chile fue la primera señal del presidente argentino sobre qué caminos quiere seguir.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 25 de mayo de 2003