Garzón imputa en el fraude del lino a dos ex altos cargos y exculpa a las comunidades

El juez Baltasar Garzón concluyó ayer su investigación sobre el fraude en las subvenciones europeas por cultivo de lino y redujo de 53 a 25 el número de imputados en un delito de defraudación a la Hacienda comunitaria. Entre ellos destaca Gonzalo Ruiz Paz, ex director económico de Mercasa, y el ex director general del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) Nicolás López de Coca, imputado además en tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a los funcionarios. El juez destaca que el fraude se hizo sin conocimiento de las comunidades autónomas.

La resolución señala que "entre 1997 y 1999 una serie de personas, por sí o en representación de empresas -especialmente las transformadoras- y con ocasión de las ayudas que otorga la UE sobre cultivo y producción de lino, habrían falseado datos y documentos, así como cultivos en varias comunidades, (...) con el fin de cobrar las subvenciones".

El fraude se produjo durante el mandato de Loyola de Palacio al frente del Ministerio de Agricultura. Hace más de un año, De Palacio -que ocupa una vicepresidencia de la Comisión Europea, en la que es comisaria de Transportes- denunció los hechos ante la Audiencia Nacional y se comprometió a dimitir si se demostraba la relación de los altos cargos con el fraude. De Palacio y otros dirigentes del PP culparon a la falta de control por las comunidades autónomas y, principalmente, por el Gobierno de Castilla-La Mancha presidido por el socialista José Bono.

El magistrado especifica en su auto que el fraude se desarrolló "sin el conocimiento de las comunidades autónomas en las que los hechos se han producido (...) Es más", añade el juez, "en algunos casos, se han producido específicamente en contra de las medidas y controles que se diseñaron para evitar esos supuestos fraudes y a pesar de la actividad de los inspectores o personal encargados por los responsables regionales en Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura para tal cometido".

El juez Garzón explica que los informes europeos han acreditado un fraude en el cultivo del lino para cobrar las subvenciones, pero destaca que, tras la investigación de los hechos, los límites de ese fraude "han quedado más reducidos", aunque "no por ello menos transcendente a los efectos estudiados".

El mecanismo a través del cual se ha realizado el engaño, según el magistrado, ha sido el de la subvención que se solicitaba "so pretexto del cultivo y recolección de una materia prima inservible o que, no siéndolo, no se le daba salida comercial alguna, quedándose unas veces apilada en el campo y otras, convirtiéndose en pasto de las llamas, en varios incendios de origen cuando menos no aclarado, y extrañamente reiterados".

La trama para defraudar

Para dar credibilidad a la mecánica por la cual se podría tener acceso a la percepción de esas cantidades de dinero comunitarias, las personas y empresas implicadas desarrollaron todo un entramado de infraestructuras y de gestión y organización, distribuyéndose los papeles entre el agricultor y el transformador del lino textil, "quien, por su actividad gestora, recibía la cantidad estipulada y cuya certificación de entrega de varilla de lino y de transformación de las mismas se convertía en preceptiva para la obtención de la subvención", dice el auto.

En las solicitudes de subvención se hacían constar datos falsos, lo mismo que en los documentos comunitarios que justificaban las ayudas.

El auto hace constar que las empresas transformadoras del lino eran un "eslabón esencial e imprescindible" en la cadena para obtener la subvención desde que a partir de la cosecha 1997-1998 se estableció la obligatoriedad de transformar la producción de lino. "Se constata la actividad de sus responsables para, arteramente, conseguir de los agricultores que se prestaran a la estrategia falsaria, con el fin de repartirse las ayudas", agrega la resolución.