El Gobierno afirma que si ocurre otro 'caso Prestige' volverá a alejar el barco de la costa

El Gobierno tiene claro que si vuelve a toparse en el mar con otro Prestige volverá a ordenar "de inmediato alejar al buque de la costa". Ésta es la respuesta escrita que le ha dado el Ejecutivo al senador socialista Luis Ángel Lago, en la que, tras describir el siniestro que ennegreció el norte de España, afirma que optaría por el alejamiento "en cualquier caso". Mientras, el Fondo Internacional de Indemnización de Daños por la Contaminación de Hidrocarburos (Fidac) dispondrá en el futuro de casi 1.000 millones de euros para catástrofes similares.

El senador socialista por Lugo había planteado varias preguntas al Gobierno sobre el Prestige. La mayoría de las contestaciones fueron difundidas en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del pasado 6 de mayo. La afirmación de que volverá a proceder exactamente igual que lo hizo entre el 13 y el 19 de noviembre es la respuesta a la pregunta sobre qué decisiones adoptará el Gobierno ante "una posible situación de emergencia de características similares a la originada por el buque petrolero Prestige".

La contestación sólo incluye una cautela y no toma en cuenta -ni a título informativo ni como elemento para la duda metódica- las críticas de Greenpeace, las autoridades marítimas de Francia y Bahamas o de 422 científicos de 32 universidades, entre otras, contra el alejamiento del buque. Tras decir que "la experiencia y la información estadística disponible indican que los accidentes marítimos son todos distintos [e] incluso que concurriendo circunstancias similares los resultados no lo son", el Gobierno aclara su postura, más cercana al "outra vez" que al "nunca máis".

"En cualquier caso", dice la respuesta, "de surgir de nuevo el supuesto de un buque carente de propulsión propia, abandonado por su tripulación, con pérdida de su carga contaminante, en condiciones meteorológicas adversas que le abaten sin remedio hacia la costa, y siendo ésta de carácter rocoso y acantilado, y si finalmente se lograra darle un cabo de remolque, se procedería de inmediato a alejar el buque de la costa".

Ni siquiera se hace una mención a la posible construcción de un puerto refugio (como plantea la directiva comunitaria 2002/59/CE), a la imposibilidad, subrayada por todos los técnicos, de salvar un barco herido de muerte en alta mar y en mitad de una tempestad o a la persistencia del riesgo de nuevos vertidos desde el pecio sumergido. Precisamente para comprobar si el Prestige está estable, el minisubmarino francés Nautile partirá hoy de la base de Seyne-sur-Mer hacia el lugar donde está hundido el petrolero para controlar el sellado de las grietas.

Estas operaciones aumentarán los costos de la catástrofe, parte de los cuales serán sufragados con dinero del Fidac. Ayer mismo, el consejo de la Organización Marítima Internacional (OMI) aprobó en Londres un nuevo protocolo por el que las ayudas internacionales en caso de catástrofe petrolera podrán alcanzar 950 millones de euros. Esa cantidad, cinco veces superior a los 175 millones por catástrofe de que dispone el actual Fidac, estará a disposición de los damnificados por mareas negras tres meses después de que el nuevo protocolo haya sido ratificado al menos por ocho Estados miembros de la OMI, a la que España pertenece.

El director del Fidac, el sueco Mans Jacobsson, afirmó ayer que con esa cantidad "se podrá pagar el 100% de los daños causados por un vertido de petróleo". La actual cantidad tope por accidente, unos 175 millones de euros, pasará a 270 millones en noviembre próximo. Pero el accidente del Prestige, que ha generado uno daños evaluados en algo más de 1.000 millones de euros, ha puesto de relieve la necesidad de actualizar el límite de recursos de que dispone el Fidac.

Por otro lado, el Gobierno español, en una acción coordinada por la Abogacía del Estado, ha presentado en un tribunal de Nueva York una demanda contra la American Bureau of Shiping (ABS, Oficina Estadounidense de Navegación), como responsable de la supervisión técnica del Prestige. Así lo anunció ayer en Santiago de Compostela Antonio Vázquez Guillén, abogado del Estado, durante una reunión de coordinación entre la Xunta de Galicia y el Comisionado del Gobierno para el seguimiento de las actuaciones derivadas del Prestige.

Vázquez informó de que en la demanda se reclama una indemnización de 2.000 millones de euros, que no incluye los daños ocasionados al medio ambiente, el turismo, la salud pública o los gastos fijos (el coste de los servicios prestados por la Administración pública).