España amenaza con bloquear la Convención para no perder peso en la Unión Europea

El Gobierno español lanzó ayer un órdago a los grandes países de la Unión Europea (UE) y al propio Presidium de la Convención sobre Europa, que emprendió una recta final que culminará el día 30 con un proyecto completo de Constitución europea. Por escrito y oralmente, los dos representantes del Ejecutivo español amenazaron con "bloquear" la Convención si es aceptada la propuesta oficial debatida ayer para modificar el sistema de voto en el Consejo, laboriosamente pactado en la cumbre de Niza en 2000. Con la propuesta, España perdería poder frente a los países grandes.

En la enmienda presentada a la Convención por la ministra de Exteriores de España, Ana Palacio, se dice: "Si decidimos reabrir el debate de Niza sobre el sistema de votación en el Consejo, se bloquearán los trabajos de la Convención en el terreno institucional. En todo caso, puedo señalar que mi país no podrá aceptar la modificación de los acuerdos de Niza". En nombre del Gobierno español, el diplomático Alfonso Dastis intervino en el pleno de ayer para advertir de que ese foro "no debe" reabrir Niza. "Si lo hace, no habrá acuerdo", aseguró.

Sólo Reino Unido, con algunos países pequeños y varios candidatos, apoyaron a España en su demanda.

El problema se centra en el artículo 13-tercero del proyecto de Constitución, que dice en su apartado primero: "Cuando el Consejo Europeo o el Consejo de Ministros actúen por mayoría cualificada [en la mayoría de los casos], ésta se definirá como una mayoría de Estados miembros que representen al menos los tres quintos de la población de la Unión". Es decir, que el peso demográfico directo de cada Estado será clave al votar.

En Niza, tras complejas y largas negociaciones, se tuvo en cuenta ese peso demográfico, pero de forma "ponderada", a la hora de repartir 345 votos entre los 27 Estados que estarán en la UE tras las ampliaciones de 2004 y 2007. En ese reparto, a los grandes (Alemania, Reino Unido, Francia e Italia) se les adjudicó 29 votos a cada uno (el 8,4% del total), a España, 27 (7,8%) y al más pequeño, Malta, tres (0,86%). Así, España contaba con amplias posibilidades de bloquear, apoyada por algunos medianos y pequeños, decisiones pactadas por varios grandes.

El peso demográfico directo cambia radicalmente el panorama. El voto de Alemania, con 82 millones de habitantes, subiría al 17% del total. El del Reino Unido, Francia o Italia rondaría el 12%. El de España sería aproximadamente del 8,2%.

Pero los pequeños verían tan reducido su poder que Malta (377.000 habitantes), por ejemplo, sólo pesaría un 0,08%. Al agrandarse el acordeón de votos de forma tan extensa, España tendría muy difícil bloquear con los pequeños los acuerdos de los grandes.

Ése es el razonamiento que hace el Gobierno español y que esconde un hecho: España opta por tener una posición defensiva ante los grandes, y especialmente ante Francia y Alemania, tradicionales aliados de Madrid en la política europea y que, bajo el Gobierno del PP, se han distanciado hasta culminar en el foso abierto con la guerra de Irak. Los enfrentamientos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en los que España se alió con las tesis de Estados Unidos y el Reino Unido, han provocado un animosidad política y personal entre sus respectivos líderes.

Ni París ni Berlín, pero tampoco Italia, han puesto objeciones al citado artículo 17, que obviamente les beneficia. Sí lo ha hecho el Reino Unido, que en boca de Peter Hain, su representante oficial en la Convención, dijo estar "contento" con Niza, echando así un cable a España.

En Niza, José María Aznar se mostró muy satisfecho al afirmar que, con los votos adjudicados a Madrid, España se equiparaba a los grandes. Era cierto, aunque a cambio perdió 14 de los 64 eurodiputados que hoy tiene el país en la Eurocámara. Ahora, el texto de la Convención propone repartir 700 escaños "de manera decrecientemente proporcional". Por tanto, Niza se volvería como un bumerán

contra España: perdería las ventajas que obtuvo y se quedaría con las desventajas.

En busca de apoyos

Cuando el Presidium debatió ese artículo, el Gobierno español y el eurodiputado del PP Íñigo Méndez de Vigo, cabeza de la delegación de la Eurocámara, criticaron la fórmula finalmente propuesta. Gabriel Cisneros, diputado del PP en la Convención, no ha presentado enmiendas al artículo, ni tampoco los socialistas Josep Borrell, Diego López Garrido y Carlos Carnero. Éste declaró ayer que el problema de Aznar es "su incapacidad de aliarse en Europa".

Dastis confia en contar con el apoyo suficiente de países, "más de 20", como para rechazar el artículo. Valéry Giscard d'Estaing, presidente de la Convención, también hizo una advertencia en sentido opuesto: "Las enmiendas que pretenden mantener el sistema de Niza no responden al mandato" de los líderes europeos cuando en 2001 lanzaron la Convención.