Futuro de las pensiones

En Francia, Alemania, Austria e Italia se han producido en las últimas semanas protestas contra los recortes anunciados por sus Gobiernos en las pensiones: reducción de prestaciones, endurecimiento de condiciones para su percepción, retraso de la edad de jubilación. En España, la movilización contra el decretazo aplazó temporalmente un problema que se plantea primariamente en el terreno presupuestario, según vienen alertando el Banco Mundial y el Banco Central Europeo: en algunos países las pensiones suponen ya hasta el 12% del PIB, e incluso algo más en Italia.

Algunos Gobiernos, especialmente los más liberales, han identificado la crisis de las pensiones como un agotamiento del modelo público y plantean como alternativa los sistemas privados. Pero los fondos de pensiones, que gestionan la impresionante cifra de 10,8 billones de dólares y que proporcionan pensiones a millones de trabajadores, han sufrido pérdidas cuantiosas durante los tres últimos años, que en conjunto superan el 20% de su valor, pero que en algunos casos han sido muy superiores.

Tal vez ello indique que la solución ha de buscarse en un registro más amplio que el estrictamente financiero. Las pensiones configuran una realidad que afecta a toda la sociedad. Condicionan la vida de las personas mayores, afectan a la estabilidad presupuestaria de los Gobiernos, y las privadas son una importante fuente de generación de ahorro que influye en los mercados internacionales. El problema es que cuando el canciller Bismarck, a fines del XIX, implantó el primer sistema moderno de pensiones, la esperanza de vida en Europa era inferior a 50 años, y actualmente supera los 76. El envejecimiento de la población, la baja tasa de natalidad y el estancamiento del empleo son los factores que contribuyen a desequilibrar la proporción entre activos y jubilados y que determinan la actual crisis del sistema de pensiones.

Las soluciones deberán incluir seguramente de forma simultánea varias medidas, que variarán según los países. En algunos primará el incremento de las cotizaciones; en otros, la potenciación de sistemas complementarios privados tutelados por el Estado, y tal vez todavía en otros, el alargamiento efectivo de la vida laboral, pero con una intensidad decreciente. Sin embargo, estas recetas, incluso tomadas conjuntamente, son insuficientes. La proliferación de contratos temporales discontinuos y el retraso en la incorporación al mercado de trabajo de los jóvenes reducirá peligrosamente la financiación del sistema actual y dificultará a estos nuevos trabajadores completar los periodos de cotización mínimos para alcanzar en su día pensiones completas.

La reforma del sistema de pensiones está, por tanto, estrechamente ligada a la nueva organización del trabajo: una mayor incorporación de la mujer al mercado laboral supondrá más cotizantes actuales y mejores pensiones para las familias al sustituirse las de viudedad por las de jubilación. Otros factores a considerar son la posibilidad de compatibilizar la condición de pensionista y trabajador o el reparto del trabajo y el ocio a lo largo de todo el ciclo vital. Lo que está en juego no es el déficit presupuestario, sino el modelo de sociedad. Y en esta perspectiva la reforma debe alcanzar por igual al sistema privado, puesto que el elevado peso de las deducciones fiscales es argumento suficiente para justificar la tutela del Estado, que es la última garantía a que pueden aspirar los ciudadanos que han optado por esta fórmula.