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La reforma intermedia de la Política Agrícola Común (PAC) que Bruselas pretende acelerar va a tener una dura contestación social en el campo andaluz, sobre todo por sus efectos en sectores claves de la economía de la comunidad, como el oleícola y también el algodonero.
La Generalitat reabre la guerra comercial. El Ejecutivo catalán plantea, en vísperas de elecciones, un nuevo pulso al Gobierno central y a las grandes superficies para restringir la libertad de horarios.
El Tribunal Superior de Justicia ha denegado por segunda vez la suspensión cautelar de una orden de la Consejería de Sanidad por la que se limitaba la visita de los representantes de los laboratorios a los médicos de la sanidad pública para promocionar sus productos.
La comisión Pro-Río, Ecologistas en Acción de Murcia y dos colectivos más aseguraron ayer que la investigación abierta por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre presunta corrupción en el reparto del agua del río Segura y extracciones ilegales tuvo su origen en una denuncia de la jefa del área jurídico administrativa de la Confederación Hidrográfica del Segura.
Los tres directivos de la empresa química vizcaína Rontealde acusados de un delito ecológico por el escape tóxico de 1994 aseguraron ayer que la factoría no causó el incidente, pues los sensores internos no detectaron ninguna contaminación.
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