Rontealde rechaza que causase el escape tóxico mortal de 1994

Los tres directivos de la empresa química vizcaína Rontealde acusados de un delito ecológico por el escape tóxico de 1994 aseguraron ayer que la factoría no causó el incidente, pues los sensores internos no detectaron ninguna contaminación. El jefe de Mantenimiento sostuvo incluso que la planta no debía haber parado su producción. Los tres defendieron su actuación, pese a que se incumplió el protocolo de consultar con el Gobierno antes del arranque de la planta. La Audiencia de Vizcaya comenzó ayer a juzgar el caso, que ocasionó un fallecido y 20 heridos.

El accidente ocurrió el 21 de octubre de 1994 en Barakaldo. El juicio, que se prolongará tres semanas, determinará la culpabilidad o no de los tres máximos responsables técnicos de Rontealde: su director, José Elizalde, y los jefes de Producción, Koldo Iturriarte, y Mantenimiento, Mariano Ruiz. El fiscal, que ha pedido tres años de cárcel y siete de inhabilitación para cada uno, acusa a Elizalde de ser el responsable del arranque de la planta aquel día; al jefe de Producción de ordenarlo sin avisar al Departamento de Medio Ambiente, y al responsable de Mantenimiento, por ser el encargado de controlar los sensores.

En el juicio, el primero que se celebra en España por un delito ecológico con resultado de muerte, los procesados defendieron el buen funcionamiento de Rontealde y rechazaron las anomalías relatadas por el fiscal: la puesta en marcha de la planta, que había estado parada tres días por un problema mecánico, se hizo sin tener en cuenta las condiciones climáticas, se incumplieron las prescripciones técnicas del sensor y no hubo una consulta previa a Medio Ambiente.

El director de la planta y el responsable de Producción aseguraron que la consulta sobre las condiciones climáticas no era necesaria, porque la planta no se había parado completamente, y que el aviso del arranque se hizo casi una hora más tarde "porque la comunicación con Medio Ambiente era fluida y se solía hacer después de arrancar", declaró Elizalde. "Internamente las condiciones eran normales. Nuestros sensores no detectaron ninguna anomalía", agregó Elizalde, quien aseguró que, al trasladarse a la Policía Municipal y al Ayuntamiento de Barakaldo, hora y media después del escape, no notaron "nada". El fiscal concluyó que se produjeron emanaciones de dióxido de azufre 12 veces superiores a los límites legales. Únicamente el jefe de Producción dijo que la concentración de dióxido de azufre en la chimenea de Rontealde tuvo "sólo un pico de tres o cuatro minutos" en que superó ligeramente el límite. Iturriarte opinó que la forma de trabajar de la planta "fue perfecta" y se mostró "convencido" de que no fueron los culpables del episodio contaminante. "Nosotros no fuimos", enfatizó.

"Por prudencia"

Elizalde, director de Rontealde desde su apertura en 1987, justificó la orden de paralización de la planta, pese a no detectar ninguna anomalía "por prudencia y precaución", después de que la Policía Municipal de Barakaldo les comunicase dos veces los problemas respiratorios entre los vecinos. Mariano Ruiz, jefe de Mantenimiento, señaló, tras verificar los sensores de la planta, que no encontró "explicaciones de por qué se había parado" el arranque de la química.

Los directivos de la planta defendieron su actuación sin pedir datos al Gobierno sobre las condiciones climáticas. "He hecho cientos de arrancadas sin conocer el tiempo que hacía", reconoció Iturriarte.

- "¿Puede hacer el arranque sin avisar y ver luego el tiempo que hace?", le preguntó una de las acusaciones.

- "Sí", respondió.

El director de Rontealde mantuvo la misma tesis. "Nunca se ha dado una situación de que no podamos arrancar por condiciones climatológicas adversas". Elizalde no pudo precisar qué pasó con los gráficos de la temperatura y del sensor de la chimenea, que las acusaciones insistieron en que no aparecían poco después del incidente. "No los retire, ni los vi ni sé quien lo hizo", dijo.

El jefe de Mantenimiento rechazó que el sensor de la empresa se manipulase porque "se tendría que detectar" y aseguró desconocer un informe de Labein de noviembre de 1993 que aseguraba que los datos del sensor eran tres veces inferiores a los reales. En la sesión de ayer también declararon el alcalde de Barakaldo, Carlos Pera, y el entonces consejero de Medio Ambiente, José Antonio Maturana, quienes coincidieron en que se incumplió el protocolo.