Los jueces recortan las entrevistas de los visitadores médicos con los facultativos

El Tribunal Superior de Justicia ha denegado por segunda vez la suspensión cautelar de una orden de la Consejería de Sanidad por la que se limitaba la visita de los representantes de los laboratorios a los médicos de la sanidad pública para promocionar sus productos. Estas visitas, que se reducen a dos por semana en los hospitales y a tres en centros de salud, pueden disminuir, según Sanidad, la calidad de la atención que reciben los pacientes. Farmaindustria (agrupación que representa a los laboratorios) cree que esta medida puede reducir más de 1.000 empleos en el sector.

La orden, que entró en vigor en diciembre, prohíbe las visitas en servicios como urgencias, durante las horas de consulta y en espacios como las salas de espera o cafeterías, donde pudieran estar los enfermos o sus familiares. Los 260 laboratorios farmacéuticos autorizados en España tienen en Madrid entre 2.000 y 3.000 empleados dedicados a mantener una estrecha relación, mediante las visitas médicas, con los facultativos de la sanidad pública, que son quienes prescriben a los ciudadanos los fármacos fabricados por sus empresas y cuyo pago asume el Gobierno regional.

Hasta finales del año pasado, las fechas y horas de visita de los representantes médicos las fijaba Adevime, la asociación de visitadores médicos en Madrid. Pero Sanidad no estaba satisfecha con el desarrollo de las visitas. "Habíamos detectado un abuso de la visita, que llegó a interferir en la correcta atención a los ciudadanos. Los médicos atendían a demasiados visitadores y no siempre en el mejor lugar ni en la mejor hora. Además, la información transmitida a los facultativos no era siempre todo lo rigurosa y objetiva que marca la ley estatal", explica Javier Hernández, director general de Farmacia de la Consejería de Sanidad y responsable de la norma recurrida.

La circular de Sanidad, a cuyo frente está José Ignacio Echániz, pretende dos grandes objetivos. El primero es aumentar el control sobre la información que reciben los médicos, para asegurar que ésta sea menos comercial y más técnica, objetiva y rigurosa. Este control se ejercerá obligando a los laboratorios a registrar, y lograr el visto bueno de Sanidad, todo el material impreso que las empresas publiquen para repartir entre los facultativos.

El segundo objetivo es "poner un poco de orden" a la avalancha de visitas que reciben los médicos, según Sanidad. "En demasiadas ocasiones los pacientes esperaban fuera mientras los médicos estaban reunidos con los visitadores médicos", explican estas fuentes.

Sanidad ha prohibido las visitas en espacios donde pueda haber pacientes o sus familiares, como cafeterías, salas de espera, aparcamientos e incluso ascensores. Igualmente se prohíben las vistas en servicios como las urgencias o durante el horario de consultas. Cada laboratorio estará autorizado a visitar un centro sanitario en un máximo de cuatro veces al año.

La reacción de la industria farmacéutica y de Adevime a la nueva norma ha sido de oposición frontal. Farmaindustria, la agrupación de los laboratorios, ha hecho público un comunicado en el que califica de "innecesaria y restrictiva" la circular. Además, tacha de "inviable" el nuevo modelo y critica las deficiencias de su puesta en marcha, con visitas mal distribuidas, centros sanitarios que no pueden ser visitados y la concentración de visitas en julio y agosto. Farmaindustria prevé que en los próximos meses pueden desaparecer en la región 1.000 puestos de trabajo por la medida de Sanidad. Adevime, por su parte, eleva a 1.500 los empleos en peligro y critica con dureza la limitación de los días y horas de visita a los médicos de la sanidad pública, según Félix Almodóvar, presidente de Adevime.

Farmaindustria presentó en enero un recurso contra una decena de artículos de la circular de Sanidad ante la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Además, solicitó la suspensión cautelar de la norma hasta que los jueces decidieran sobre el fondo del recurso, lo que puede prolongarse por más de un año.

El auto del tribunal ha desestimado la suspensión cautelar con el argumento de que "el recurso establece una colisión de intereses entre los intereses generales y los intereses particulares de la parte demandante ". Los jueces admiten que ambas partes pueden resultar perjudicadas según su decisión, pero se inclinan por favorecer a Sanidad "porque en caso de conflicto deben prevalecer los intereses generales sobre los particulares", concluyen los magistrados.