Una abogada denunció la corrupción en el reparto del agua del Segura

La comisión Pro-Río, Ecologistas en Acción de Murcia y dos colectivos más aseguraron ayer que la investigación abierta por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid sobre presunta corrupción en el reparto del agua del río Segura y extracciones ilegales tuvo su origen en una denuncia de la jefa del área jurídico administrativa de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). Ésta murió en un accidente de tráfico cuando viajaba a Madrid para declarar ante el fiscal de delitos ecológicos del TSJ, Emilio Valero. Pro-Río calificó el hecho de "extraño".

Pro-Río, en una rueda de prensa a la que asistieron representantes del PSPV, Esquerra Unida y Unión de Centro Liberal, aseguró que la jefa del área jurídico administrativa de la Confe

deración, María Vicenta Oliveros, había pedido antes de morir la urgente intervención de la Fiscalía del TSJ madrileño para investigar la "gravísima situación" existente en la CHS y en los organismos centrales del Ministerio de Medio Ambiente. Éstos, según la denuncia, "vienen favoreciendo sistemáticamente a determinadas personas y grupos económicos a los que estarían vinculados ciertas autoridades decisorias, en el negocio ilegal de la explotación de las reservas de agua y apertura de pozos ilegales".

La alta funcionaria falleció en "un extraño accidente de tráfico" cuando el 21 de julio pasado se dirigía a Madrid para entrevistarse con el fiscal Emilio Valerio, aseguró un portavoz de Pro-Río, José Antonio Muñoz Grau, que habló también en nombre de Ecologistas en Acción de Murcia, Plataforma Cívica Comarcal Segura Limpio y Plataforma Comarcal del Agua del Noroeste de la Región de Murcia. La funcionaria, según Pro-Río, había pedido discreción al ministerio fiscal debido a su situación y su alto nivel funcionarial en el organismo de cuenca.

La denuncia siguió su curso en la Fiscalía del TSJ madrileño y el fiscal Valerio pidió documentación a la Confederación del Segura para contrastar la denuncia de la funcionaria. El presidente de este organismo del Ministerio de Medio Ambiente, Juan Cánovas, remitió entonces, el pasado mes de diciembre de 2002, un escrito a la Fiscalía General del Estado, en el que cuestionaba que el TSJ madrileño tuviese competencias jurisdiccionales para investigar expedientes sobre extracciones de agua en la cuenca del Segura. El 22 de enero de 2003 el Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, comunicó al fiscal Valerio que, pese a las quejas del presidente de la CHS, la investigación era "absolutamente correcta", y le pidió que tomara declaración a algún representante de la CHS para disponer de "versiones de contraste a la de la denuncia, máxime habida cuenta de la imposibilidad de recibir declaración de la denunciante".

Muñoz Grau aseguró que ni Pro-Río ni los otros colectivos interpretan los hechos, sino que se limitan a exponerlos sin "salirme del guión", y luego afirmó que "la investigación de la gravísima situación en la CHS y en los organismos centrales del Ministerio debe continuar".

Ayer, desde Atenas, el presidente de la CHS, Juan Cánovas, declaró a EL PAÍS que en ese organismo siempre se tuvo confianza en la funcionaria Vicenta Olivera y emplazó al fiscal a que "abandonando cualquier actitud inquisitorial aclare las informaciones" difundidas ayer por los colectivos del Segura. Cánovas acusó a estos colectivos de practicar "vandalismo informativo". Sobre el proceso judicial, el dirigente de la CHS dijo que la Fiscalía solicitó información sobre 487 expedientes relacionados con el uso ilegítimo o extracciones ilegales de agua desde 1988 hasta 2000. "Tras una investigación en la CHS se remitieron todos los expedientes relacionados con ese asunto, que eran 163".

Muñoz Grau compareció en rueda de prensa acompañado del portavoz adjunto de Esquerra Unida en las Cortes Valencianas, Joan Antoni Oltra, el cabeza de lista autonómica de Unión de Centro Liberal (UCL), Miguel Ángel Robles, y de María Dolores Gay, candidata autonómica por Alicante del PSPV-PSOE.

Robles acusó "políticamente" de "complicidad" al Gobierno central porque, según dijo, el informe de la funcionaria fallecida "está implicando, y se tiene constancia, a miembros de la CHS y del Ministerio de Medio Ambiente", por lo que afirmó que "o hay dejación de funciones o hay ocultación deliberada".

Oltra y Gay se limitaron a denunciar la incapacidad del Gobierno y del Consell para acabar con la grave contaminación del río Segura.