La crisis económica planea sobre el nuevo Gobierno
El Gobierno que asuma el poder en Argentina el 25 de mayo deberá enfrentar, entre miles de reclamos desesperados, los siguientes problemas pendientes: pagos de deuda pública suspendidos desde diciembre de 2001; recomposición de tarifas de los servicios públicos, salarios, jubilaciones y pensiones, devaluados, como el peso, a la tercera parte de su valor; la reestructuración del sistema financiero, tras el recuento de bancos en agonía o gravemente heridos a los que el Estado les impuso comprar títulos de deuda y luego los castigó duramente con la llamada pesificación asimétrica de la economía, por lo que aún cobran en pesos sus créditos y devuelven los depósitos a valor dólar.
El todavía presidente, Eduardo Duhalde, que se considera a sí mismo como "un bombero" convocado de urgencia para apagar el incendio a comienzos de 2002, advierte de que su gestión fue de "emergencia" y que la próxima será "de transición". Duhalde y el actual ministro de Economía, Roberto Lavagna, incorporado a último momento como garantía de continuidad al equipo del peronista Néstor Kirchner, al que apoya el presidente, dieron cuenta de sus logros y celebraron el fin de la recesión económica iniciada hace cinco años.
Los pronósticos apocalípticos de la mayoría de los gurús y analistas económicos de la derecha no se han cumplido. Los indicadores revelan un crecimiento del producto interior bruto (PIB) por cuarto trimestre consecutivo, el peso recuperó un 20% de su valor, las exportaciones crecen y se cumplen las metas de superávit fiscal. La sustitución de importaciones reactiva empresas quebradas y la cosecha de granos es la mejor desde 1920.
"Tocamos fondo", "dejamos de caer", "comenzamos a crecer nuevamente". La sucesión de buenas noticias retransmitidas en alta voz desde el hondo precipicio alivió la angustia y contuvo la espantada provocada por la sensación de que la catástrofe sería incesante, infinita.
Una vez despejado el polvo sobre las ruinas pueden apreciarse los daños. Por fuera de los indicadores oficiales, que consideran "pobres" al 57,5% de la población, unos 20,8 millones de personas sobre un total de 37 millones, los analistas advierten de que la pobreza alcanza ya al 60% de la sociedad. En los barrios periféricos de las capitales de provincias del noroeste y del noreste, la mortalidad infantil supera el 30%. La mitad de los que están por debajo de la línea de pobreza, unos 10 millones de personas, son "indigentes": no llegan a completar la alimentación mínima, no tienen agua, luz, cloacas, agua potable, no tienen nada.
