Economía propone multar a todo el anterior consejo de L'Aliança por irregularidades económicas en su gestión

Todos culpables. La instructora del expediente abierto por la Generalitat contra el anterior Consejo de Administración de la mutualidad de previsión social L'Aliança propone que se multe a los 10 miembros de este organismo con cantidades de entre 2.000 y 6.000 euros por irregularidades económicas cometidas en su gestión. En el caso Ramon Carranza, ex director general de la entidad, y de Susanna Martín, ex presidenta del consejo, la instructora sugiere, además, que se les inhabilite por dos años para dirigir o administrar una aseguradora.

El Gobierno de la Generalitat acordó la intervención de L'Aliança el 12 de marzo de 2002 y dos días después fue destituido de manera fulminante todo el Consejo de Administración, del que también formaban parte un representante de UGT y otro de CC OO. A finales de noviembre de ese mismo año fueron despedidos los responsables de personal, finanzas y mercadotecnia, y en esas fechas el director general de Política Financiera de la Generalitat ordenó la apertura de un expediente sancionador contra todo el Consejo de Administración.

Ese expediente ocupa 8.000 folios y concluye con la propuesta de sanción a los integrantes del consejo. Los afectados tienen ahora 15 días para presentar alegaciones y finalmente será el consejero de Economía y Finanzas, Francesc Homs, quien dicte una resolución definitiva.

Ramon Carranza anunció ayer que recurrirá contra la propuesta de sanción y explicó que esa decisión forma parte de una maniobra de la Generalitat para colocar en la mutua a personas de su plena confianza antes de la celebración de los próximos comicios autonómicos. En términos parecidos se expresó Ciriaco Hidalgo, el representante de UGT en el anterior consejo, quien considera que después de la resolución que dicte el consejero Homs es muy probable que la Generalitat levante la intervención y convoque elecciones, de las que saldrán los nuevos gestores de la mutua, que agrupa a más de 200.000 socios. Carranza anunció ayer su deseo de comparecer a esas elecciones, lo que sería imposible si se confirmara su inhabilitación.

En el caso de Carranza y Susanna Martín, la propuesta de sanción es de 6.000 euros de multa e inhabilitación de dos años para ejercer cargos de administración o dirección de aseguradoras; para los consejeros Miguel Díaz Sánchez, Christiane Hubner-Decalf, Albert Ballesteros, Francisco Ávila, Rosa Gelida y Francisco Fabregat se propone una multa de 4.000 euros, y de 2.000 euros en el caso de Ciriaco Hidalgo y Antoni Tuà, este último representante de Comisiones Obreras en el Consejo de Administración. En todos los casos, la cuantía de la multa impuesta es la mínima que prevé la vigente ley de seguros privados.

Déficit excesivo

En síntesis, las acusaciones por las que se imponen las multas son: retrasar la entrega de documentación para facilitar la inspección, generar un déficit superior a lo previsto por la ley y no comunicarlo a la Administración, llevar la contabilidad con anomalías sustanciales y trasladar el domicilio social de manera irregular. En concreto la Generalitat reclama a la mutua la devolución de 9,42 millones de euros entregados a cuenta de las liquidaciones de los años 1997 y 1998 y como ayuda otorgada tras la crisis que sufrió la entidad a mediados de la década de 1990.

Las ayudas estaban condicionadas a que se demostrara que el mayor centro hospitalario de la mutua, el Sagrat Cor de Barcelona, estaba en pérdidas. La Generalitat considera que nunca pudo justificarse esa situación. Ramon Carranza, por el contrario, recuerda que, un mes después de ser destituido todo el consejo, la Generalitat dio marcha atrás en la exigencia de la devolución del dinero que había formulado un mes antes. Es decir, lo que era exigible a unos gestores no lo fue a los nuevos. La administradora provisional de la mutualidad es ahora Rosa Maluquer.

El segundo gran motivo de discordia es la anotación contable de 25,4 millones de euros por las plusvalías generadas al separarse en la entidad las actividades aseguradoras de las de prestación sanitaria, en cumplimiento de una ley que entró en vigor en 1998. Es lo que se conoce en términos económicos como filialización. La Generalitat sostiene que no se le pidió autorización para realizar ese apunte y Carranza asegura: "Fueron ellos quienes nos obligaron a hacerlo".

El ex director general explicó ayer que esas dos supuestas irregularidades han sido llevadas a la jurisdicción de lo contencioso administrativo y que será la justicia la que tendrá la última palabra y se pronunciará en su día. Ciriaco Hidalgo, por su parte, recordó que los dos representantes sindicales en el Consejo de Administración no tenían ninguna responsabilidad ejecutiva ni de gestión en ese organismo.