Dudas y certezas en las pensiones

Hasta los expertos más agoreros reconocen que la Seguridad Social atraviesa un periodo sin presiones demográficas, por la llegada a la edad de jubilación de unas generaciones escasamente numerosas, los nacidos durante la guerra civil y los primeros años de la posguerra. Incluso los más optimistas admiten que los problemas empezarán dentro de 15 años. Las discrepancias vienen a la hora de definir la intensidad de esos problemas y el calado de las medidas.

El dato objetivo es que las tensiones por el envejecimiento de la población (demografía y mayor esperanza de vida) estallarán hacia el año 2015, y serán más agudas desde 2030, por la jubilación de las generaciones del baby boom, nacidas a finales de los sesenta y en los años setenta del siglo XX. A partir de ahí, las soluciones son distintas.

Trabajo prevé superávit para 13 años más, que es el margen de maniobra para adoptar medidas

Los partidos quieren tener la renovación del Pacto de Toledo para el fin de esta legislatura

Nueve países de la UE calculan la pensión sobre toda la vida laboral o prevén hacerlo

"Hay que reducir gastos y aumentar ingresos". Ésa es la fórmula, aparentemente sencilla, a juicio de Javier Alonso Meseguer, experto de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA). En su criterio, "es urgente tomar medidas y, cuanto antes se tomen, menor será el problema que tendremos después". Y aboga por estas medidas prioritarias: "Si se decide seguir con el sistema de reparto, que es cuestionable, lo que hay que hacer es que las pensiones se correspondan con las cotizaciones pagadas, con un aumento de los años para calcular la pensión a todo el historial laboral. Y aumentar los ingresos, sobre todo en los regímenes especiales de autónomos, ya que el general se brinda menos a la picaresca".

La trayectoria de décadas pasadas demuestra que las proyecciones y previsiones con un mayor grado de acierto son las que han venido realizando los técnicos de la Seguridad Social, sea cual fuere el partido que estuviera en el Gobierno. En los documentos que han enviado a la comisión parlamentaria para la renovación del Pacto de Toledo, sostienen que "hay margen de maniobra" para empezar a adoptar medidas, y argumentan que las proyecciones a un plazo más largo sobre los ingresos por cotizaciones, influidos directamente por el empleo que tiene un comportamiento errático, arrojan dudas sobre su cumplimiento.

Su estudio muestra que "hasta 2015 la evolución de las cuotas en relación al gasto en pensiones dan unos resultados de que se mantendrá una situación económicamente saneada que proporciona un margen de maniobra temporal suficiente para completar la reforma y modernizar el sistema".

El momento crítico lo sitúan a partir de 2030, con el retiro de las generaciones con una tasa de natalidad que se situaba en el 21,13 por 1.000 habitantes, más del doble que la actual tras el descenso continuado que se ha producido en los 20 últimos años. Es decir, al aumento vertiginoso de jubilados (pasivos), con una mayor esperanza de vida, se unirá el progresivo descenso de personas en edad de trabajar (activos). Y la norma incuestionable en Seguridad Social es que, en un sistema de reparto, si no hay cotizantes suficientes entre los activos, no hay dinero suficiente para pagar las pensiones.

Esa gravedad se ha matizado por un elemento nuevo no anticipado por los expertos: la entrada masiva de inmigrantes, que se han convertido en una importante fuente de nuevos cotizantes de la Seguridad Social, y en los últimos dos años ha supuesto que uno de cada cuatro nuevos cotizantes es extranjero. En 2000 entraron un total de 360.000 inmigrantes y el Gobierno estima que esa cifra se irá reduciendo hasta 2005 y a partir de entonces se mantendrá en 160.000 incorporaciones anuales. Esas personas compensan la reducción de activos que se ha producido por la caída de la natalidad.

En la evolución de las pensiones, los cálculos de Trabajo indican que el número tendrá un incremento reducido hasta 2005 (0,46% de aumento anual), pasará a ser moderado hasta el año 2020 (1,07%) y los mayores incrementos se producirán entre 2020 y 2030 (2,07%), para reducirse en periodos posteriores (1,64%).

Pero la clave está en si ese coste se puede permitir. La Seguridad Social (cuyos datos son los únicos que están elaborados a partir de carreras profesionales ciertas) cree que el gasto se mantendrá en torno a un 8% del producto interior bruto (PIB) hasta 2020, subirá algo más de un punto en los diez años posteriores y llegará al 12% en 2040. [Ver gráfico].

Otros informes vaticinan una quiebra del sistema público precisamente en ese horizonte. Los elaborados por el Servicio de Estudios del Banco de España, BBVA, FEDEA y La Caixa elevan considerablemente la cifra de gasto en pensiones y estiman que se situará muy por encima, entre el 15% y el 18% del PIB a partir de 2040. Además del envejecimiento de la población y una baja natalidad, auguran un insuficiente número de personas en edad de trabajar, una acusada reducción en la recaudación de cotizaciones y un escaso crecimiento económico del 1,7%.

Asimismo, el Comité de Política Económica del Consejo de la UE, que ha apremiado con reiteración a España a aplicar reformas, estima que el gasto en pensiones se elevará desde el 9,3% actual del PIB al 17,7% para 2050, el mayor de la comunidad. Su previsión es que el efecto del envejecimiento en España se producirá a partir de 2020. Detecta margen de maniobra en la posibilidad de aumentar el número de cotizantes incrementando la tasa de empleo, que es de las más bajas de la UE; reduciendo el paro, el más alto de la comunidad, e integrando la mano de obra extranjera.

El impacto será menor si se cumplen los objetivos de la cumbre de Lisboa de pleno empleo en 2010, aunque también España tendría el mayor aumento y el gasto llegaría al 15,8% del PIB en 2050. Ese estudio asegura que incrementos entre el 4% y el 5% del gasto en pensiones ponen en peligro las cuentas públicas.

El Servicio de Estudios del BBVA da por buenas las proyecciones de gasto de la Comisión y considera que las anteriores reformas de la Seguridad Social española no eliminan las incertidumbres, porque estima que en 2050 las personas de más de 65 años representarán en torno al 50% de la población en edad de trabajar, el doble de la proporción actual.

Los expertos de la entidad califican el problema de "estructural" y creen que un nuevo acuerdo "debe orientarse fundamentalmente a la contención del gasto en pensiones en términos del PIB". Para ello recomienda un aumento de la edad legal de jubilación (65 años), ampliar a toda la vida laboral el cálculo de la pensión y la transición hacia un sistema de pensiones mixto (público y privado).

La investigación de FEDEA, elaborada por José Antonio Herce y Javier Alonso Meseguer, comparte muchos puntos en común en sus previsiones. Con un matiz: parte del reconocimiento de que la mayoría de los informes que se elaboraron en 1995 (cuando se gestaba el primer Pacto de Toledo) "han fallado a corto y medio plazo" en sus proyecciones, con "un balance sensiblemente peor al registrado" por la Seguridad Social, y admite que los actuales, "con toda seguridad", volverán a fallar. De hecho, según Alonso Meseguer, en estos momentos preparan una revisión de datos, que tiene en cuenta la entrada masiva de inmigrantes.

Pero mantiene la misma preocupación por el futuro más lejano. Su escenario demográfico es que la población española, de los 40 millones de habitantes de principios de este siglo, disminuirá a poco más de 34 millones en 2050. El número de afiliados a la Seguridad Social no dejará de crecer hasta 2020, "para descender después de manera vertiginosa". Su previsión es que la cifra de pensionistas mantendrá "un crecimiento especialmente intenso entre 2015 y 2040, para disminuir a partir de 2045".

Para FEDEA, el actual superávit se mantendrá hasta 2015, que "se podría trocar en un déficit equivalente al 6,15% del PIB en 2050". Su augurio es que, desde 2025, "la obtención de recursos desde fuera del sistema provocará distorsiones crecientes en el conjunto de la economía". También da como alternativa un sistema mixto y que prosiga el retraso de la edad efectiva de jubilación. Además, propone aplicar la capitalización a las pensiones, eliminar la solidaridad y redistribución en el sistema, quitar el requisito de 15 años de cotización para acceder a pensión contributiva ("puede percibirse una pensión proporcionada desde el primer día cotizado"), equiparar los regímenes, ya que la pensión recibida por euro cotizado en los regímenes especiales es superior a la del general, y dirigir las prestaciones de supervivencia (viudedad y orfandad) hacia el método del seguro obligatorio.

La experiencia de los últimos años indica que las proyecciones de más de 25 años tienen un nivel de error considerable. Juan Carlos Aparicio, ex ministro de Trabajo y uno de los artífices del Pacto de Toledo, cree que el cálculo a más largo plazo es "escatológico", jugando con el doble sentido del término: etéreo y sucio.

En lo que coinciden todos los informes y expertos es en que ningún país puede asumir una transferencia de renta de los activos a los pasivos que supere el 14% o el 15% del PIB. España, en estos momentos, tiene un gasto para el conjunto de las pensiones de la Seguridad Social, contributivas y no contributivas, y de los funcionarios del 9,3% del PIB. La edad media de retiro real está en 63 años y solamente un 3,97% de las jubilaciones se han producido en personas con edades superiores a los 65 años, la mitad de ellos a los 66 años.

El objetivo de acercar la jubilación real (63 años) a la edad legal (65) e incluso empezar a retrasarla será previsiblemente una de las recomendaciones de los partidos en la renovación del Pacto de Toledo. En el borrador que les servirá de base para el debate que quieren cerrar antes de que termine esta legislatura, en junio próximo, sugieren que se tenga en cuenta "todo el esfuerzo de cotización para calcular las pensiones" futuras.

En el seno de la Unión Europea, los países que calculan sus pensiones sobre toda la vida laboral son Alemania, Austria, Bélgica, Luxemburgo, Suecia y Reino Unido. Asimismo están en transición a aplicar el cálculo sobre toda la carrera profesional de cotizaciones Francia, Portugal y Grecia.

Si se adopta esa vía, sería una continuación del cambio iniciado en 1985, con el socialista Joaquín Almunia como ministro de Trabajo, con una reforma que pasó de dos a ocho años el periodo de cálculo de las pensiones y que provocó la quiebra de las relaciones entre la UGT y el PSOE, y la convocatoria de una huelga general por parte de CC OO. Por contra, la segunda fase se aplicó en 1997 con consenso entre el Gobierno del PP y ambos sindicatos, mediante una ampliación paulatina del periodo de cálculo de 8 a 15 años.

El último acuerdo firmado en 2001 entre el Gobierno, CC OO y la patronal CEOE (no suscrito por UGT) recoge este compromiso: "Se revisará el sistema de cálculo de la base reguladora, de manera que se tenga en cuenta, de forma progresiva, el esfuerzo realizado por el trabajador a lo largo de su vida laboral". Las "partes firmantes" añaden que "en el año 2003" tomarán "las medidas oportunas para que se adopte la forma más idónea para el cálculo de las prestaciones". Su aplicación desató una polémica hace semanas y el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, zanjó el contencioso asegurando que no se abordará en esta legislatura, que concluye en marzo del próximo año. Previamente, los partidos deben decidir el calado de la próxima reforma para paliar las incertidumbres que pesan sobre el sistema público de pensiones.