Más de 4.000 hectáreas de regadíos se abastecen ilegalmente del Segura

La grave contaminación que sufre el río Segura depende en buena parte de las incesantes fugas que de manera irregular sufre el acuífero más degradado del país. Un estudio elaborado por Ecologistas en Acción alerta de que la cifra de regadíos ilegales que han proliferado en la Región de Murcia desde 1999 supera una extensión de 4.000 hectáreas. La inmensa mayoría de estas explotaciones se abastecen de recursos hídricos del Segura.

Las roturaciones alcanzan en algunos casos dimensiones desorbitadas, sobre todo las que se sitúan en las inmediaciones de Sierra Espuña o en el campo del litoral murciano. Algunas de estas fincas, que son acotadas sin disponer de ninguna licencia, ocupan extensiones de entre 100 y 200 hectáreas y al carecer de permisos para ejercer su actividad tampoco disponen del requerido suministro de agua.

Según la Comisión Pro-Río de Orihuela, el volumen hídrico que exigen estas plantaciones supera con creces la cantidad que se trasvasa anualmente desde el Tajo y rondaría los 500 hectómetros cúbicos. "Nuestra intención es demostrar que los regadíos ilegales secan el Segura y que por lo tanto afectan de manera muy sensible a la contaminación porque el cauce no dispone del caudal ecológico que exige la ley para regenerarse", explica José Antonio Muñoz Grau, portavoz de Pro-Río.

Las flagrantes irregularidades que se cometen en el territorio de Murcia y en la Vega Baja han acaparado incluso la atención del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, que en el mes de noviembre remitió un escrito a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) solicitando casi mil quinientos expedientes de dudosa transparencia. De esta suma, unos quinientos hacían referencia concreta a extracciones ilegales de agua, un expolio que ha sido sistemáticamente denunciado por grupos ecologistas sin que la confederación haya decretado el cierre de dichas explotaciones.

Ahora, la Comisión Pro Río, que junto a otros colectivos de la Vega Baja y de Murcia lucha desde hace años para conseguir el saneamiento del río Segura, tratará de personarse como acusación particular en la investigación que ha promovido el fiscal del TSJ madrileño. "Vamos a exigir la responsabilidad del ministro de Medio Ambiente y de los presidentes de las dos comunidades afectadas, ya que entendemos que la Confederación Hidrográfica es un órgano de mediación entre los altos dirigentes", añade Muñoz Grau.

De momento, el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, ha dado su beneplácito al procedimiento incoado por el TSJ madrileño, rechazando de plano los argumentos que esgrimió el presidente de la CHS, Juan Cánovas,para evitar que se abriera una investigación sobre el robo de caudales. El máximo responsable del organismo regulador del Segura remitió, en efecto, al fiscal general un escrito en el que planteaba la supuesta extralimitación del TSJ madrileño al asumir competencias que estaban fueran de su jurisdicción, y no escatimaba en alusiones críticas hacia los instigadores de estos procedimientos. Cánovas lamentaba, así, la persecución política a los dirigentes de esta institución y, por extensión, al Gobierno, y dejaba constancia de "la sorpresa que producen las actuaciones por ser acordadas en territorio alejado del Segura y en un momento de acoso contra la Confederación. La respuesta del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, fue que la investigación que instruye la fiscalía madrileña tiene una "absoluta corrección".