El juicio del 'caso Maeso' por el contagio masivo de hepatitis C se retrasa seis años, según el fiscal

El inicio del juicio por el contagio masivo de hepatitis C a 278 enfermos, en el que el único imputado es el anestesista Juan Maeso, se retrasará al menos 6 años si se mantienen los trámites previstos por el procedimiento ordinario, según el fiscal del caso, Javier Carceller. Este retraso se debe, entre otras cosas, a que el Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia incorporó a la causa en junio del año pasado siete nuevos pacientes contagiados. Esta decisión de la juez ha obligado a repetir las pruebas que ya se practicaron para el resto de casos, con el consiguiente retraso.

El fiscal Carceller explicó que para que concluya la instrucción del caso cada una de las partes tiene 10 días para pronunciarse. Dicho plazo es consecutivo, de tal modo que en primer lugar se da traslado de la nueva situación a una de las partes que agota esos 10 días y a continuación a otra con idéntico plazo para informar y así hasta completar las 105 acusaciones personadas en la causa. El fiscal estima que sólo en esa parte procedimental, que aún no ha comenzado, se consumirán al menos tres años.

El siguiente trámite es el de calificación, cuyo mecanismo es idéntico al de conclusión de la instrucción. Otros tres años, sumados a los anteriores, elevan a 6 años como mínimo la materialización de todo el proceso, si se sigue el procedimiento ordinario establecido por la actual legislación. Y ello después de que la incorporación en junio de 2002 de siete nuevos casos obligara a realizar las pruebas que se practicaron al resto, lo que supuso una demora de meses.

Sin embargo, fuentes de los abogados de la acusación afirman que se está intentado llegar a un acuerdo para fijar un plazo común en lo que a la conclusión de la instrucción, calificación de los hechos y petición de pena se refiere. De tal modo que las acusaciones podrían disponer, de forma simultánea, de un máximo de seis meses para cada trámite. El problema, según las mismas fuentes, es que esta propuesta no está recogida en la ley, por lo que debe ser la juez quien acepte unos plazos y un método de funcionamiento que no está reglado.

Carceller recordó que a estos problemas había que añadir las maniobras dilatorias del abogado defensor de Maeso que "ha utilizado todos los mecanismos, hasta el punto que la Audiencia le imputó el pago de las costas de su última apelación y señaló que provocaba un retraso innecesario". En estos momentos, aún queda pendiente por resolver una apelación presentada por el abogado de Maeso -sobre los nuevos casos admitidos-, lo que también supone un retraso en la causa.

La tramitación por el procedimiento ordinario y la lentitud que ello supone contrasta con el reiterado anuncio de la puesta en marcha de los juicios rápidos. En ese sentido, Carceller subrayó el contraste existente entre la celeridad que supone esta iniciativa judicial y la realidad del procedimiento ordinario en el que "no se ha modificado nada. La justicia no está preparada para responder con la diligencia y rapidez que le corresponde ante una causa como ésta".

El fiscal, que se ha mostrado ya crítico con los juicios rápidos, insistió en que: "Estamos hablando de una causa en la que hay 278 enfermos alguno de los cuales, o tal vez varios, pueden fallecer mientras esperamos estos 6 años que la ley establece".

Carceller anunció en octubre del año pasado que el proceso ya llevaba una demora de tres años. En aquella fecha el fiscal se mostraba optimista en la conclusión del caso, cuya instrucción esperaba cerrar a principios de este año. Sin embargo, el fiscal era consciente de la dificultad que presentaba el caso porque la ley no contemplaba la celebración de juicios con tantos representantes.

Además, el juicio se enfrenta al problema logístico que supone la ausencia de una sala para albergar a los 278 pacientes que han formulado las denuncias contra el anestesista Juan Maeso, el centenar de abogados que representan a las acusaciones particulares, el acusado y su abogado defensor más los miembros de la sala. La Generalitat, a través de la Consejería de Justicia, anunció en su día que estaba buscando un espacio adecuado para este macrojuicio, llegándose a barajar el Palacio de Congresos.

La investigación del caso Maeso se inició en abril de 1998 por los contagios detectados en el hospital La Fe, la clínica Virgen del Consuelo, la clínica Quirón y la Casa de Salud de Valencia.