Pensiones, demografía y demagogia

El Gobierno ha desplegado una fortísima campaña sobre las pensiones, como si en ello le fuera su propia supervivencia: tras anunciar proyectos que podrían cambiar sustancialmente la regulación del sistema de pensiones, sin haber dialogado previamente sobre ellos en el Parlamento o con los agentes sociales, ha preferido atacar a la oposición, con la que teóricamente debería renovar el pacto de 1995, que dedicarse a defender la bondad de los mismos. Deslealtad, a diferencia de lo que parece pensar el presidente Aznar, no es sinónimo de discrepancia. No es necesario hacer recuento de los episodios que ponen de manifiesto esta particular forma que tiene el Gobierno de interpretar sus compromisos. Me ceñiré sólo a las pensiones.

Mentir sobre el pasado y silenciar el futuro es un mal camino para consolidar las pensiones

Mentir sobre el pasado, exagerar el presente y silenciar el futuro es, probablemente, una buena forma de hacer propaganda, pero es, también, el camino menos indicado para consolidar el futuro del sistema de pensiones, que, por si acaso se ha olvidado, es el objetivo único del Pacto de Toledo. Empecemos, pues, por decir que ni la Seguridad Social estaba en quiebra hace siete años, ni su actual situación financiera es más desahogada que la de hace quince años, cuando la economía española estaba en otra fase alta del ciclo, ni su futuro está totalmente despejado. Sólo si somos capaces de aceptar esto podremos situarnos en disposición de valorar el riesgo que entraña el envejecimiento de la población sobre el sistema de pensiones y volver a acordar entre todas las fuerzas políticas las recomendaciones necesarias para afrontarlo con éxito.

Hoy, como ayer, los ingresos por cotizaciones sociales son superiores al gasto en prestaciones contributivas de la Seguridad Social. No hay, pues, novedad en esto, aunque el tamaño de este superávit se ha reducido con relación al de principios de los noventa. Siempre ha habido, pues, excedentes de cotizaciones que han servido, y aún siguen sirviendo, para pagar gastos de naturaleza no contributiva. Siempre; también en 1996, por mucho que se empeñe en decir lo contrario el Gobierno, más interesado en difundir la tantas veces aludida situación de quiebra de la Seguridad Social que una información veraz. En 1996 la Seguridad Social tuvo un superávit contributivo de 736.298 millones de pesetas, es decir, los ingresos por cotizaciones sociales fueron superiores al gasto de naturaleza contributiva por una cantidad equivalente al 1% del PIB. Que el Gobierno recurriera a la banca privada para compensar, ese año, gastos no contributivos tiene mucho que ver con una insuficiencia de las aportaciones del Estado. El caso es que las cotizaciones seguían dando de sobra para pagar sus facturas, como demostró el propio Gobierno cuando en el otoño de 1996 aprobó unos presupuestos, para 1997 en los que se redujo en 216.000 millones la aportación del Estado para pagar los complementos a mínimos de las pensiones. Desde entonces, el superávit contributivo ha aumentado hasta llegar a suponer en 2001 una cantidad equivalente al 1,8% del PIB.

Podríamos quedarnos en estos datos y concluir que, puesto que el superávit contributivo está en casi dos puntos del PIB, la Seguridad Social ha dejado de tener problemas. Sería, sin embargo, como recientemente escribió Joaquín Almunia, pan para hoy y hambre para mañana. Un análisis más honesto debería llevarnos a dos advertencias nada desdeñables:

En primer lugar hay que advertir que la actual situación financiera de la Seguridad Social se apoya, además del ciclo económico, en una particular coyuntura demográfica tan favorable, desde el punto de vista de las finanzas públicas, como momentánea. En estos últimos años están llegando a la edad de jubilación las personas que nacieron durante la Guerra Civil, con el resultado de que las pensiones están creciendo mucho menos de lo que lo han hecho históricamente. De haber seguido aumentando cada año un 2,6%, como ocurría desde comienzos de los noventa hasta 1996, el superávit contributivo de 2001 no habría sido mucho mayor que el del 96. Un dato nada irrelevante porque es necesario descontar como transitoria esta particularidad demográfica, ya que las pensiones volverán a crecer de forma significativa cuando empiecen a llegar a los 65 años las personas que nacieron en los años cincuenta y sesenta del pasado siglo.

La segunda advertencia nos la proporciona un examen de la evolución del superávit contributivo de la Seguridad Social: a pesar de su aumento en los últimos años, su tamaño es en la actualidad considerablemente menor que el que tenía tras la anterior fase expansiva de la economía a principios de los noventa. Algo que nos delata una tendencia histórica a crecer más la cuantía de la pensión media que los ingresos medios por cotizante.

El cuadro de ingresos, gastos y crecimientos de pensiones demuestra todo lo que acabo de decir. En 1989 el superávit era de 973.546 millones de pesetas (el 2,2% del PIB) y al final de 2001 de casi dos billones (el 1,8% del PIB) con unos ingresos de más de 11 billones y unos gastos de nueve.. Pero esto lo sabíamos ya cuando, en 1995, los partidos políticos nos pusimos de acuerdo para afrontar el desafío del futuro en el Pacto de Toledo. No es, pues, ninguna novedad y lo que es de esperar es que la propaganda o la demagogia no terminen por derogar la realidad. Porque en el futuro, las perspectivas demográficas van a cambiar radicalmente.

El Gobierno, en la última actualización del programa de estabilidad (2002-2006), ha estimado que el gasto en pensiones va a pasar del 8,4% del PIB en 2000 al 13% en 2050, con un crecimiento más intenso desde 2030. Los próximos años van a ser, pues, demográficamente hablando, muy favorables. De ahí que el gasto en pensiones pueda acumular importantes excedentes hasta 2015. A partir de esa fecha, se va a producir un incremento continuado del gasto, como consecuencia de que crecerá considerablemente el número de personas de 65 años en adelante y, simultáneamente, de la tasa de dependencia, medida por el cociente entre el número de potencialmente activos (entre 20 y 64 años) y el de los pasivos potenciales (65 en adelante). Para contrarrestar la reducción de activos que habría de provocar nuestra caída de la natalidad, el Gobierno ha enviado a Bruselas una hipótesis en la que se contempla un aumento de 360.000 inmigrantes en 2000 que se irá reduciendo algo para mantenerse, después, constante en 160.000 anuales desde 2005 en adelante. Si esto se cumple, y para la estabilidad del sistema de pensiones es conveniente que se cumpla, llegará un futuro no demasiado lejano en el que veinte de cada cien activos será población inmigrante. De ser así, estaríamos ante el mayor cambio experimentado por la sociedad española en los últimos siglos; un cambio que afectará a todos los niveles de la convivencia y que tendrá trascendencia en todos los órdenes políticos. Un cambio que ha de llevarnos a ese gran pacto que propuso Rodríguez Zapatero.

La inmigración no es el único cambio previsible. De aquí en veinticinco años se duplicará el número de personas mayores de 80 años. Habrá un envejecimiento del envejecimiento, que reclamará también un nuevo enfoque sobre todas las políticas, porque las necesidades van a ser muy diferentes a las actuales. ¿Está orientado el sistema sanitario para atender a una sociedad en la que las enfermedades agudas han pasado a ser secundarias respecto a las crónicas? ¿Está preparado para asumir la cobertura de las necesidades de apoyo que tienen las personas dependientes? ¿Podrá hablarse de pleno empleo mientras la atención de las personas dependientes se efectúe en el seno de las familias (léase mujeres)?

Cuando hablamos de renovar el Pacto de Toledo estamos hablando de muchas cosas. De la regulación del sistema de pensiones, de lo que se ha dado en llamar contributividad, de las reservas, de las bases reguladoras... Pero no podemos olvidar el desafío más importante: España ha de afrontar dos objetivos de enorme envergadura y que parecen incompatibles con nuestros comportamientos históricos. Por un lado, deberemos afrontar el reto de la convivencia en una sociedad donde una cuarta parte de sus miembros procederá de la inmigración y, por otro, deberemos atender el envejecimiento y la dependencia para que puedan producirse aumentos de la natalidad sin que ello sea obstáculo para una completa igualdad entre hombre y mujer. El Gobierno afirma que tenemos "un margen de maniobra, en un horizonte de 15 años, para adoptar medidas que garanticen el sistema de pensiones". Lo que me pregunto es si ese margen es compatible con la actitud del Gobierno y con su desprecio del diálogo.

José Antonio Griñán Martínez es portavoz socialista en la Comisión del Pacto de Toledo.