El Gobierno prevé gastar 27 millones para desarrollar los planes de pensiones de empresa

El Gobierno tiene ultimado el plan que ha elaborado el Departamento de Empleo y Seguridad Social, que dirige Joseba Azkarraga, de EA. El proyecto, para el que se prevén destinar más de 27 millones de euros entre el año próximo y 2011, aspira a constituir un sistema generalizado (quiere que llegue como mínimo al 70% de los trabajadores) de pensiones complementarias, que palíe posibles dificultades de la Seguridad Social por el incremento de la esperanza de vida y la baja natalidad. El Ejecutivo prevé incluso la eventualidad de que la evolución de su proyecto no sea buena, en cuyo caso, advierte, estudiaría su aplicación por la vía obligatoria.

El plan establece tres pilares para garantizar en el futuro las pensiones de los trabajadores vascos. El primero seguirá siendo la actual Seguridad Social, que no se pone en cuestión. El segundo es el que se quiere implantar con estos nuevos planes de pensiones de empresa y sectoriales y el tercer pilar lo constituyen las actuales EPSV individuales. Sobre éstas últimas se afirma que dos tercios de la información que reciben los ciudadanos acerca de ellas proviene de las instituciones financieras y se apuesta por que "la comercialización de las prestaciones sociales (...) debe ser profesional y en consecuencia estar regulada".

El coste de la implantación de ese segundo pilar superará los citados 27 millones, empezando por un gasto de 2,4 millones el próximo año y terminando en 2011 con 5,4 millones.

"Conductas irregulares"

Aunque el sistema será privado, el Gobierno correrá con un fondo de garantía de casi seis millones de euros en previsión, dice, de posibles "fraudes o conductas irregulares".

En este sentido, el proyecto detalla la necesidad de generar confianza y explicita que "se deben evitar las conductas irregulares, sobre todo hasta la consolidacion y generalización del sistema". El Ejecutivo se arroga el papel de garantizar la seguridad jurídica y de autorizar mecanismos "implícitos y explícitos" para estabilizar los resultados financieros. Incluso estudiará, afirma, la implantación de "fórmulas de garantía mínima de rentabilidades".

Tanto la patronal como los sindicatos conocen ya el plan. El propio Azkarraga se lo explicó a principios de mes y Confebask ha adoptado ya en su comité ejecutivo un acuerdo contrario a la iniciativa. Esta posición ya ha sido comunicada al departamento. La patronal estima que la implantación del plan supondrá un aumento notable de los costes laborales. UGT expondrá su postura mañana.

Las tres haciendas forales, que son un elemento nuclear de la puesta en marcha del plan, ya que los incentivos fiscales constituyen la principal palanca para su aceptación, tanto entre los trabajadores como para las empresas, no conocen todavía, paradójicamente, el plan de Azkarraga. "En el Órgano de Coordinación Tributaria no se ha tratado y en su prevision de trabajo a medio plazo no está este tema", aseguraban ayer fuentes forales.

El planteamiento del Gobierno pasa por primar fiscalmente estos nuevos planes con mejores condiciones que las que tienen las actuales EPSV individuales, a las que, afirma, sólo acceden las rentas altas. Así, mientras la desgravación del 15% por aportaciones a EPSV se efectúan en la base del IRPF, los nuevos planes se deducirán en la cuota "como mínimo", dice el documento, en un 35%. Éste porcentaje será creciente según el número de hijos. El porcentaje máximo de la aportación sobre el salario se establece en un 10% de éste. El Gobierno lo estima suficiente, ya que las aportaciones empezarán "a edades tempranas". Para los empresarios, a las que se califica de "parte esencial en esta estrategia", se plantea el mantenimiento de las aportaciones como gasto en el Impuesto de Sociedades.

Para predicar con el ejemplo, el Ejecutivo implantará el sistema en el mismo Gobierno vasco para su personal, aunque el documento hace una reserva: "Siempre que la disciplina presupuestaria y la política de personal lo posibiliten".