El PSE pide la comparecencia en el Parlamento de los médicos que rechazan Osabide

El PSE ha presentado una proposición no de ley reclamando la comparecencia en el Parlamento de Ángel Ruiz Tellez y Paz Pérez Gortari, los dos médicos suspendidos de empleo y sueldo durante dos años por Osakidetza por oponerse a centralizar los historiales clínicos sin que los pacientes den su permiso. Los socialistas pretenden que ambos facultativos ofrezcan su versión sobre el proceso que ha concluido en su sanción. Ambos médicos pertenecen al centro de salud de Sansomendi, en Vitoria.

El consejero de Sanidad, Gabriel Inclán, ya compareció el año pasado, también a petición del PSE, para explicar todo lo relacionado con la centralización de los historiales en una base común para toda Euskadi, lo que se conoce como programa Osabide. Los socialistas y el grupo municipal de IU en Vitoria han sido los únicos partidos que han cuestionado el sistema.

El portavoz del PSE para asuntos sanitarios, Jesús Loza, también presentó otra proposición no de ley en la que se reclama a Osakidetza que suspenda la sanción hasta que los tribunales de justicia se pronuncien sobre el fondo de la cuestión: si la Administración debe consultar y pedir permiso a los pacientes antes de volcar sus datos clínicos en una base común. Loza tachó de "despótica" la actitud de Osakidetza. "Ha tratado de ejemplarizar con la sanción", aseguró.

Ruiz y Pérez ya han presentado un recurso de alzada contra la decisión del Servicio Vasco de Salud. En el caso de que se ratifique en su postura, los médicos tienen intención de recurrir a la vía contencioso-administrativa.

Mociones municipales

La ofensiva socialista también incluye la presentación de una moción en el pleno que el Ayuntamiento de Vitoria celebrará el próximo viernes, en la que se pide la suspensión del castigo y se solicita a Osakidetza que informe a los ciudadanos de la centralización y se respete la decisión de los ciudadanos que no quieran volcar sus datos en la base común. La intención de los socialistas es trasladar esta moción a todos los ayuntamientos pertenecientes al área de salud de Álava y crear una especie de frente institucional en contra del programa Osabide.

Loza recalcó que los datos son del enfermo, no del médico al que se los cuenta. "Si al final una administración decide centralizar datos está en su derecho de hacerlo, pero siempre y cuando informe a los pacientes y les pida su consentimiento para que le faciliten los datos", explicó.

En su opinión, la centralización es más cara y no aporta ningún beneficio. Al contrario, todo son riesgos. "El peligro de robo es mayor. Una base centralizada puede despertar la codicia de diferentes entidades", indicó el parlamentario y puso como ejemplos de este interés a las aseguradoras, la industria farmacéutica o los bancos.