_
_
_
_
_

Los transexuales acusan al PP de "congelar" desde 2001 la tramitación de la Ley de Identidad Sexual

"La resolución del drama humano que padece el transexual sólo puede ser legislativa". Tres meses (de diciembre de 2000 a marzo de 2001) bastaron para que el Senado aprobara la proposición socialista de Ley de Identidad Sexual que incluía esta afirmación. La iniciativa entró en el Congreso el 20 de marzo de 2001, se amplió el plazo de enmiendas 18 veces y se informó el 25 de septiembre de hace dos años. Y no ha habido más. Para las asociaciones de transexuales, el frenazo tiene un responsable: "El PP, que congela una ley que resulta demasiado progresista para ellos", según la presidenta de Transexualia, Juana Ramos.

El texto incluye las dos reivindicaciones de los afectados: el cambio del nombre y sexo en el Registro Civil y que la Seguridad Social corra con los gastos de la cirugía y los tratamientos hormonales y psicológicos que necesiten para adecuar su aspecto al sexo que viven como propio. Hasta ahora tienen que costearse los tratamientos de su bolsillo (unos 240.000 euros en dos o tres años) y pleitear para conseguir registrarse.

Más información
El Tribunal Superior catalán obliga a la sanidad pública a pagar un cambio de sexo

Los posibles beneficiarios son pocos (entre 1.500 y 3.500 según las distintas asociaciones), y su tratamiento completo "no supondría un gran gasto [alrededor de 24.000 euros por persona] y acabaría con sus problemas psicológicos, de salud y marginación", afirma Ramos.

Sólo Andalucía y Extremadura ofrecen la reasignación de sexo entre las prestaciones de la sanidad pública, pero sólo hay un hospital preparado: el Carlos Haya de Málaga. Y va muy lento. "En tres años ha operado a unas 40 personas, y hay 230 en lista de espera", afirma el presidente de la Asociación de Transexualidad Clínica de Madrid, Andrés de la Portilla. A este paso, "algunos tendrán que aguardar 15 años para operarse", comenta Kim Pérez, presidenta de la Asociación de Identidad de Género de Andalucía. Es el caso de Jamie, una transexual que ganó en junio del año pasado un juicio al Gobierno valenciano para que pagara su operación. Tiene la sentencia, pero no dónde operarse.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_