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Sanidad suspende dos años a los médicos que se niegan a centralizar los historiales

Osakidetza les acusa de crear alarma social y trabajar con un sistema diferente al oficial

El expediente a los dos médicos sancionados se ha prolongado durante diez meses

El Servicio Vasco de Salud-Osakidetza ha suspendido de empleo y sueldo por dos años a los dos médicos que se oponen a centralizar las historias clínicas de sus pacientes en la base común para toda Euskadi denominada Osabide. La suspensión entró en vigor ayer, un día después de que Osakidetza comunicara a Ángel Ruiz Tellez y a Paz Pérez Gortari, médicos del centro de salud de Sansomendi, en Vitoria, que no podían seguir en sus puestos ni un día más. Así se ha resuelto, por ahora, el expediente abierto hace diez meses contra ellos dos. Ambos médicos son los que han planteado la pugna más dura a la administración sanitaria desde que ésta decidiera implantar el programa Osabide de historiales informatizados, en sustitución de la fórmula anterior.

El programa se ha puesto en marcha en más de 200 de los 319 centros de atención primaria y ambulatorios para centralizar los datos de los pacientes, actualmente dispersos, en una única historia a la que accederán médicos de la red pública. Tanto Ruiz como Pérez han sostenido desde el primer momento que antes de introducir los historiales en una base de datos

única era necesario informar a los pacientes de las características del sistema y pedir su consentimiento para que pudieran decidir libremente y con conocimiento de causa si aceptaban la centralización.

Osakidetza ha resuelto suspender a la doctora Pérez Gortari por crear "alarma social" y no responsabilizarse de la implantación del programa en el centro cuando era su directora, algo que también le acarreó la destitución en el puesto. Por su parte, la suspensión de Ángel Ruiz se debe a la colocación de un cartel en la sala de espera de su consulta advirtiendo a sus pacientes de que se estaban enviando sus datos clínicos a una base central sin que ni él ni ellos lo hubieran autorizado, y por seguir utilizando el sistema anterior a Osabide una vez que éste se implantó.El programa informático Osabide fue aprobado por la Dirección General de Osakidetza como una línea estratégica en sus actuaciones y lo ha ido desplegando en sus centros de salud desde hace dos años aproximadamente. Pero fue en abril y mayo de 2002 cuando se empezó a encontrar con las reticencias más serias. El mayor encontronazo se produjo en el centro de salud de Sansomendi, enclavado en un barrio de unas 20.000 personas. Su directora en ese momento, Paz Pérez, se opuso a la implantación del programa, que se iba a instalar, entre el 3 y el 12 de abril, por lo que fue destituida. El 15 de mayo, se le abrió expediente junto a su otro colega. Ambos contaban con el apoyo de sus pacientes para negarse a la centralización.

Ángel Ruiz llegó a colocar un cartel en la sala de espera de su consulta en el que se podía leer lo siguiente: "Estimados pacientes, con motivo del cambio de programa informático, Osakidetza ha traspasado los datos de todos los pacientes de este centro de salud a una base de datos fuera del centro. Considero mi deber informarles de que dicho cambio se hace sin mi autorización y sin la suya, por lo que no asumo los perjuicios y molestias que esta medida pueda suponer".

Seis meses después de que se incoara el expediente, Osakidetza pidió a los dos médicos que comparecieran para dar su versión y, poco antes de resolverlos, les dio diez días para presentar sus alegaciones. Ahora, los sancionados pueden presentar un recurso de alzada y, si se mantiene el castigo, podrían recurrir a los tribunales por la vía contencioso-administrativa.

El PSE es quien ha abanderado la oposición política al programa Osabide, por dudar de su idoneidad, de su seguridad y por obviar la consulta a los pacientes sobre la cesión de datos. Su parlamentario y portavoz en temas de salud, Jesús Loza, calificó ayer de "despótica" la decisión adoptada por Osakidetza y le pidió que la reconsidere.

Un sistema polémico

La polémica ha perseguido al programa informático Osabide en el último año, justo desde que los dos médicos del centro de Sansomendi iniciaran la contestación. Su rechazo se contagió a parte del barrio, hasta el punto de que varios vecinos constituyeron la Asociación Ciudadana de Defensa de la Salud (Acidesa).

Su principal queja es que Osakidetza no ha informado sobre las especifidades del sistema a los pacientes de la sanidad pública ni les ha pedido su permiso para volcar los datos contenidos en sus historiales médicos en una sola base. Hace unas semanas, representantes de este colectivo entregaron al Ararteko un escrito avalado por la firma de 3.500 vitorianos

contra la centralización de los historiales clínicos impulsada por Osakidetza.

Precisamente, el Defensor del Pueblo se pronunció el pasado octubre sobre esta cuestión. En su opinión, el programa Osabide no vulnera el derecho a la confidencialidad de los datos de los pacientes. Sin embargo, también advirtió al Servicio Vasco de Salud que el programa será incapaz de garantizar la reserva de los datos si el personal sanitario que lo maneja, de manera especial los médicos, no son plenamente conscientes de la confidencialidad que debe presidir todas sus actuaciones.

Por el momento falta la posición de la Agencia Española de Protección de Datos, que ya ha inspeccionado el programa y está elaborando sus conclusiones.

La polémica también ha llegado hasta los colegios de médicos. La comisión deontológica del Colegio alavés amparó en momento a los doctores suspendidos y criticó "la forma de implantar un programa tan novedoso (Osabide) sin consultar con los profesionales, ni usuarios, ni con los colectivos afectados".

Sanidad entiende que la ley le respalda cuando no ha solicitado el consentimiento previo de los pacientes. La ley define como "especiales" algunos datos, como los que se refieren a la salud, y permite su tratamiento cuando sea necesario para la prevención o el diagnóstico médicos. Según Osakidetza, sólo los médicos de cabecera tendrán acceso a los datos y serán ellos quienes decidan qué información se restringe.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 6 de marzo de 2003

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