La Comunidad aprueba los estatutos de la Universidad Rey Juan Carlos

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó ayer los estatutos de la Universidad Rey Juan Carlos, la más joven de las seis universidades públicas madrileñas, lo que supone reconocer su plena autonomía del Ejecutivo regional. La independencia le llega a la Rey Juan Carlos -cuyo claustro, presidido por el rector, Pedro González-Trevijano, elaboró el texto durante cinco meses y lo aprobó el pasado diciembre- casi siete años después de su creación; hasta ayer, era la Consejería de Educación la que tenía potestad en cuestiones como la aprobación de presupuestos o el nombramiento de la comisión gestora.

El consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Manuel Cobo, anunció este último trámite referente a la Rey Juan Carlos tras la reunión del Consejo de Gobierno, que aprobó también otras cuestiones de muy diverso tipo. Acordó, por ejemplo, a petición de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, la creación del Consejo Asesor de la Vid y el Vino, "el mayor proyecto científico-tecnológico al servicio de la vitivinicultura en España", según Cobo.

Los más de 4.000 viticultores de la región producen anualmente, en las 19.000 hectáreas de viñedo existentes, 30 millones de litros de vino. Para impulsar esta actividad de "altísimo potencial comercial" y dar a conocer al mismo tiempo "la cultura del vino" entre los madrileños, el Gobierno ha decidido concentrar en un solo centro los recursos de tres organismos: la Dirección General de Agricultura, el Instituto Tecnológico de Desarrollo Agrario y el Instituto Madrileño de Investigación Agraria y Alimentaria.

Atención a toxicómanos

El Gobierno dio luz verde asimismo a diversas partidas presupuestarias, algunas de ellas ligadas a prórrogas de convenios o a gastos plurianuales aprobados anteriormente. Entre ellos, Cobo anunció un gasto de 2,3 millones de euros para continuar este año el convenio en materia de drogodependencias firmado con el Ayuntamiento de Madrid en 2001, y otro de 590.000 euros para un convenio similar con la Fundación Centro Español de Solidaridad Proyecto Hombre.

Ambas iniciativas incluyen dispositivos de atención a toxicómanos y programas de "orientación laboral" o de "preparación para la vida en libertad" para drogodependientes presos.