Socialistas y populares adelantan su rechazo frontal a la nueva ley universitaria

Socialistas y populares acusaron ayer al Gobierno de intentar imponer un control férreo sobre la Universidad del País Vasco (UPV) usando como medio su futura ley universitaria. El PSE cuestiona incluso la "legalidad" de la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación prevista en el borrador de la ley, presentado por el departamento la pasada semana. La composición de esta Agencia, que se encargará, entre otros asuntos, de emitir informes para la contratación de profesores, la dejará bajo control del Ejecutivo, lo que reduce la habitual autonomía universitaria.

La oposición frontal de socialistas y populares obligará a la consejería de Anjeles Iztueta a intensificar el debate con estas formaciones para hacerles cambiar de opinión y garantizarse que el proyecto salga adelante en el Parlamento o quedar a expensas de lo que decida la suspensida Batasuna, que desde la presentación del texto la pasada semana aún no se ha pronunciado. Su abstención, al menos, sería fundamental si la otra negociación no prospera.

La portavoz del PSE en asuntos educativos, Isabel Celaá, criticó el proyecto porque ve en él un intento de amarrar a los intereses del Gobierno a una universidad pública que "se le va de las manos por las torpezas y provocaciones" de Iztueta. Celaá aseguró que su partido no está en contra del control, siempre que respete la autonomía universitaria y no entorpezca su gestión, pero entiende que del texto elaborado por el departamento se desprende todo lo contrario.

A la representante del PSE le suscita muchas reservas la "legalidad y constitucionalidad" de la Agencia de Evaluación diseñada por la consejería, que junto a la contratación de profesores también otorgará los pluses que cobran los docentes. "¿Cómo podrá evaluar a funcionarios un órgano sin competencia en la función pública?", inquirió Celaá, para cuestionar después los criterios de objetividad con que desarrollará el resto de sus funciones si está controlada por el Ejecutivo.

Celaá censuró además la coyuntura en que se ha presentado el borrador, en medio de un agrio enfrentamiento entre la UPV y el departamento por el déficit de 12 millones de euros que arrastra la universidad por el pago de complementos a sus profesores.

Mientras, las críticas del PP al borrador de la ley del Sistema Universitario Vasco son variadas. El portavoz popular en materia de universidades, Iñaki Ortega, explicó ayer que, de entrada, su grupo era partidario de desarrollar y, en su caso reformar, las leyes vascas ya vigentes en esta materia para adecuarlas a las reformas introducidas por la Ley Orgánica de Universidades (LOU), en vez de elaborar un texto específico.

"Más nacionalismo"

Los populares discrepan del "espíritu de la ley" pues, a su juicio, el borrador actual supone "más control [sobre la universidad pública], menos autonomía universitaria y más nacionalismo", en palabras de Ortega. El PP sostiene que el borrador presentado por el departamento supone "dar una vuelta de tuerca más en el ánimo de la consejera de controlar la UPV". A los populares les preocupa que el Gobierno pretenda convertir por ley el conocimiento del euskera en un mérito o que el conocimiento de la lengua vasca también sea premiado con un plus salarial.

El PP critica igualmente la prevista reforma del Consejo Social porque mermará las competencias de este órgano. De la misma forma, le disgusta la intención de dejar fuera de este órgano a los parlamentarios y que se promuevan las relaciones con "otras universidades que compartan el euskera", dice el borrador, y no con el resto de universidades españolas, afirmó Ortega.

Representantes del Grupo Popular tienen previsto reunirse el próximo lunes con el viceconsejero de Universidades, Jon Barrutia, para hablar sobre el texto. "Vamos a escuchar sus explicaciones, pero no queremos hurtar el debate al pleno del Parlamento", aseguró el portavoz del PP.

Horas antes de que populares y socialistas expresaran su rechazo, Iztueta negaba en unas declaraciones a Radio Euskadi que el Gobierno desee controlar la UPV por medio de la futura ley. "El espíritu de la norma es la calidad y la transparencia, no el control", garantizó la consejera de EA.