El Gobierno boliviano dimite en pleno tras los disturbios que dejaron 30 muertos
El presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, comenzó a aplicar ayer sus anunciadas reformas con un reajuste en el Consejo de Ministros ante el escepticismo de sus adversarios políticos, que insisten en su renuncia y en medio de la suspicacia de los sectores obreros e indígenas. El mandatario comprometió en su último mensaje a la nación, a reducir el gasto público y a diseñar un programa económico acorde a las necesidades reales de los bolivianos. Para dar ejemplo, renunció a su sueldo de algo más de cuatro mil dólares mensuales. También anunció medidas para reducir el tamaño de la Administración pública, que volvió a crecer en los últimos gobiernos para atender las cuotas de poder de los partidos en el poder. El Gabinete ministerial, integrado hasta hoy por 18 ministerios y 50 viceministros, ha sido reducido a 14 y 36, respectivamente.
Tras la convulsión de la pasada semana en Bolivia, con un saldo de 30 muertos y 205 heridos, debido a un anunciado impuesto sobre los salarios, el Consejo de Ministros en pleno presentó su renuncia colectiva a fin de dar libertad a Sánchez de Lozada para designar a sus nuevos colaboradores en un período crítico para la estabilidad política, económica y social de Bolivia, el país menos desarrollado de la región. Las primeras señales de cambio que propuso el Gobierno no han satisfecho a los adversarios políticos que insisten en que Sánchez de Lozada se vaya. Los dos principales partidos de oposición han anunciado juicios políticos contra el presidente boliviano, mientras los líderes indígenas esperan "un nuevo error" para decretar un nuevo bloqueo de carreteras y forzar la paralización del país.
