El alto tribunal gallego ordena devolver la pensión a un enfermo de sida

La discapacidad causada por el sida no puede curarse por decreto, según una sentencia el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que ha anulado la rebaja en el grado de minusvalía de un seropositivo decidido por la Xunta, al entender que se debía a la aplicación de un nuevo decreto sobre discapacidades en 1999 y no a que hubiera mejorado su salud. El afectado podrá recuperar su pensión no contributiva (unos 250 euros mensuales).

Más de 2.000 seropositivos han perdido la prestación desde el cambio de la norma, según la Coordinadora Estatal de VIH/Sida. La sentencia, primera en este sentido en España, fue dictada en noviembre de 2002 y obliga a la Consejería de Sanidad de Galicia a reconocer a J. P. R. (diagnosticado de sida en 1986), un grado de discapacidad del 65% (el mismo que le había sido concedido el 26 de noviembre de 1997), en lugar del 24% que se le asignó en una revisión el 11 de diciembre de 2000, una vez que había entrado en vigor el decreto de 1999 que endurecía los criterios de evaluación.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior gallego indica que para revisar las pensiones no contributivas debe establecerse la "agravación o mejoría de la situación de minusvalía o enfermedad crónica", la "variación en los factores sociales complementarios [desarraigo, consumo de sustancias estupefacientes]" o un "error de diagnóstico o en la aplicación del correspondiente baremo", y que ninguna de estas circunstancias se daba en el caso de J. P. R.

Además, la sentencia añade un factor: "A pesar de los avances de la moderna medicina, el sufrimiento generado por el padecimiento de la enfermedad durante largo tiempo está incorporado a la persona del beneficiario", y establece que, debido a este factor, "la retroactividad de las normas [como la valoración del grado de discapacidad] está limitada por la irreversibilidad del pasado, en función de la seguridad jurídica".

En España viven unos 14.000 seropositivos cuyo único ingreso es la pensión no contributiva que se les concede cuando su discapacidad supera el 33%. "No es que queramos que se les considere minusválidos porque sí", afirma María José Fuster, presidenta del Comité Español de VIH/Sida (Cesida), "es que en muchos casos [la mayoría de las infecciones por VIH en España se debe al consumo de drogas] la pensión es el único ingreso de los beneficiarios, y hay que reconocer que para muchos de ellos es imposible encontrar un trabajo en las situaciones actuales".

La sentencia sienta las bases para que los más de 2.000 enfermos que han perdido la prestación la recuperen, según señala la presidenta de Cesida, una organización que agrupa a más de 80 ONG de atención a personas que viven con el VIH o sida.