Piratería musical
Según la asociación mundial de la industria fonográfica IFPI, las ventas globales de discos compactos cayeron en 2001 un 5% y un 9,2% en 2002. En España se vendieron en 2002 71 millones de discos compactos legales y 25 millones de ilegales. En conjunto, la industria discográfica española facturó en 2002 610 millones de euros, frente a los 685 millones del año anterior: una reducción del 11%.
La causa de esta caída es la piratería, práctica que afecta a gran parte de la industria cultural y de ocio, pero muy particularmente al mundo musical. Esa piratería actúa en dos frentes principales. De una parte, el intercambio gratuito de música a través de Internet, un hábito de difícil control. De otro, el llamado top manta o venta callejera de productos ilegales a un precio notablemente inferior al de mercado, gracias al ahorro que obtienen los piratas al eludir los gastos de producción, marketing, derechos de autor, canales de distribución e impuestos. En el primer caso, probablemente el más perjudicial para el futuro del sector, un dato sitúa cuantitativamente el problema: se calcula que cada día se efectúan en el mundo cuatro millones de descargas o trasvases de archivos musicales.
Existe, por tanto, una oferta y una demanda al margen de las normas de mercado. Ello puede producir una sensación de libertad, pero supone también la consolidación de un territorio en el que desaparecen totalmente los derechos de autor, y esto significa dejar sin retribución el esfuerzo y el talento de quienes componen e interpretan hasta convertirlo en un bien mostrenco. Una peculiar práctica que, si se extendiera a cualquier tipo de producto que signifique un valor añadido en creatividad, conocimiento o inteligencia, supondría el caos y el regreso a la selva.
Los principales beneficiarios de la venta callejera de compactos pirateados no son quienes se arriesgan -poco, es verdad- a ser detenidos por esa actividad, sino quienes utilizan mafiosamente las ventajas de las nuevas tecnologías y el hambre y desamparo laboral de los que pueden ser detenidos y expulsados si son extranjeros. En España, por ejemplo, dicha práctica ha supuesto en 2002 al sector discográfico unas pérdidas de 200 millones de euros, según cálculos de la Sociedad General de Autores (SGAE). Pocos sectores industriales podrían sobrevivir si casi un tercio de las ventas proviniera de canales piratas. Está en juego el futuro económico y laboral de muchos trabajadores.
Frente a esta situación caben diversas propuestas, desde las meramente represivas y policiales, sobre todo en relación al top manta, hasta la elaboración de una normativa más severa y universal que defienda con mayor rigor los derechos de autor y la legítima aspiración industrial a la rentabilidad. La Unión Europea, ciertamente, está estudiando una legislación que armonice las muy distintas reglamentaciones nacionales, pero a ello habrá que añadir una política fiscal que no penalice en exceso al producto y que estimule, al menos en parte, su abaratamiento. No es lógico que en España un disco soporte un IVA del 16% al no ser considerado merecedor de un tratamiento fiscal especial como sí ocurre con otros productos culturales.
El sector discográfico no puede eludir sus responsabilidades ni atrincherarse en la lamentación por la pérdida de los años dorados del disco que fueron los últimos ochenta y primeros noventa del pasado siglo. Debe construir alternativas adaptadas al presente tecnológico: ofertas especiales, posibilidades de suscripciones o colaboración con otros sectores culturales para crear sinergias. Pero ni la represión policial, ni las reglamentaciones nacionales o supranacionales, ni las alternativas de comercialización podrán despejar los nubarrones que se han instalado sobre la industria del disco si a todo ello no se le añade la convicción ciudadana de que la gratuidad es insostenible; es decir, que lo que tiene valor requiere de un reconocimiento en forma de una retribución digna, y que sin este estímulo desaparecerán la creatividad y el talento.
