Mesa soberanista ajena a la realidad catalana

La legislatura catalana echó a andar ayer con la constitución del Parlament salido de las elecciones autonómicas del 12 de mayo. En una controvertida votación, los tres principales partidos independentistas (Junts, ERC y la CUP) se aliaron para hacer presidente de la cámara a Josep Rull, un veterano político que, tras ser indultado, está pendiente de que la ley de amnistía borre sus antecedentes en la condena derivada de su participación en el referéndum ilegal de 2017. Esos mismos partidos, ante la ausencia de alianzas alternativas del constitucionalismo, obtuvieron una vicepresidenta y dos secretarios, lo que configuró un órgano de mayoría independentista que contrasta con el resultado de las elecciones, en las que por primera vez los partidos secesionistas perdieron la mayoría absoluta y en las que resultó vencedor el socialista Salvador Illa, que en los comicios europeos de ayer volvió a ganar holgadamente.

Aparte del desajuste entre las preferencias electorales de los ciudadanos y la votación de los diputados para elegir su órgano de gobierno, lo llamativo de la sesión de ayer es el nuevo acto de desprecio de los independentistas tanto por las normas que rigen el Parlament como por el Tribunal Constitucional. Esto se reflejó en una votación que desacata una reciente resolución del Tribunal Constitucional que prohíbe la delegación de voto de los ausentes que no cumplan los requisitos establecidos en el reglamento de la cámara, básicamente motivos de salud o incapacidad grave. A pesar de ello, la Mesa de Edad —esta vez con mayoría independentista— permitió el voto de Carles Puigdemont y Lluís Puig, que permanecen fuera de España para evitar la acción de la justicia. El presidente de esa Mesa, Agustí Colomines, de Junts, desoyó las peticiones de reconsideración que formularon PP y Vox. Al mismo tiempo, incurriendo en una falta de decoro parlamentario, impidió que los disconformes pudieran expresar sus quejas públicamente.

Los primeros pasos de la nueva cámara no responden pues a la normalización de la vida política en Cataluña reclamada por las urnas. Mas allá de las medidas que pueda adoptar el Constitucional, los independentistas han querido regalarse un gesto anacrónico antes de que la aplicación de la ley de amnistía permita a todos los electos intervenir en el pleno sin limitaciones. Una vez esto ocurra —si la tendencia al ensimismamiento de los soberanistas no fuerza nuevas elecciones—, nadie podrá recurrir al victimismo para tapar su incapacidad de llevar a cabo sus postulados. Lo que se verá es que en las elecciones de mayo los catalanes eligieron una mayoría no independentista y, con ello, un cambio de ciclo. Aceptar la nueva situación será ineludible para partidos que en demasiadas ocasiones se han arrogado una representatividad que las urnas no les han otorgado. Solo así la vida política de Cataluña podrá discurrir dentro de la normalidad que los ciudadanos han reclamado reiteradamente en el último ciclo electoral.